La OEA se pronunció y habla de "extrema judicialización del proceso electoral en Guatemala".
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Luego que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió la calificación y oficialización de los resultados electorales, la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su "preocupación por la extrema judicialización del proceso electoral en Guatemala".
La Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE-OEA) señaló, a través de un comunicado que, "ordenar la suspensión del proceso de asignación de cargos, junto con la revisión y comparación adicional de las actas de votación" dictado por la CC, "no están contempladas en la legislación" guatemalteca.
Además, señaló que el día de las votaciones, el 25 de junio, observó "alta presencia de delegados de partidos políticos", así como observadores nacionales e internacionales y, "el número total de votos impugnados fue relativamente bajo, lo que significa que las propias organizaciones políticas encontraron poco que impugnar el día de las elecciones".
"La Misión desea resaltar que algunos de los partidos políticos que ahora buscan, a través de juicios de amparo, impugnar los resultados electorales, fueron precisamente los que contaron con mayor presencia de delegados en las mesas de votación del 25 de junio", subrayó el MOE-OEA.
Agregó: "Si bien la Misión reconoce que, tal como se expresa en la resolución, la CC actúa con la intención de "garantizar la pureza del proceso electoral y que no se desvirtúe el sistema republicano, democrático y representativo", también expresa su preocupación por la decisión del a la CC admitir el recurso de apelación y decretar la medida cautelar, ya que, como la misma CC reconoce en la sentencia, corresponde a la Corte Suprema de Justicia conocer del caso, según el artículo 12 de la Ley de Amparo, Exposición Personal y Constitucionalidad".
Y dijo estar "sorprendida" con el hecho de decretar un nuevo proceso de revisión cuando ya ha concluido según los preceptos establecidos en la ley.
Por lo que solicitaron "que se respete la separación de poderes, la autonomía de la autoridad electoral y la integridad del proceso electoral, así como las competencia de las distintas instancias judiciales para que el otorgamiento de las resoluciones de amparo o denegatoria se dé de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y de la legislación electoral".
