Carlos López Girón estuvo vinculado en el caso de plazas fantasma en el Congreso junto con Luis Rabbé.
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Estuvo prófugo, ligado a proceso y luego capturado en abril de 2021, señalado de participar en la creación de plazas fantasma en el Congreso cuando estuvo en la Junta Directiva que presidió Luis Rabbé, ahora busca regresar al Legislativo como diputado.
Carlos López Girón, excongresista de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), encabeza el listado de candidatos a diputado del distrito de Quiché por la coalición Valor-Unionista, misma que impulsa a Zury Ríos a la presidencia.
Su candidatura se da, pese a que hasta principios de este año "asesoró" a Edmond Mulet, en el partido Cabal, agrupación política que impulsa a Carlos López Maldonado, hijo de López Girón, también como candidato a diputado por Quiché.
Plazas fantasma
En 2016 la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida en ese entonces por Juan Francisco Sandoval, y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) presentaron solicitudes para retirar la inmunidad en contra de la Junta Directiva de 2015 que presidió Luis Rabbé, señalados de la creación de plazas fantasma.
De acuerdo con los señalamientos, López Maldonado y los otros implicados habría asignado plazas a personal que nunca se presentó a laborar en el Congreso o prestaba sus servicios a otras dependencias del Gobierno o a empresas privadas de los diputados.
Sin embargo, en septiembre del año pasado, la jueza Claudette Domínguez declaró el sobreseimiento del caso en favor de los exdiputados implicados en el caso.
Financiamiento electoral ilícito
López Girón también estuvo implicado en el caso de financiamiento electoral ilícito de la UNE, en el que según las investigaciones de la FECI y de la CICIG, habrían utilizado las empresas Promotora de Recursos Habitacionales, MAARIV y Grupo Empresarial San Felipe, para recaudar y administrar financiamiento no reportado al Tribunal Supremo Electoral, con lo que lograron evadir los controles de los fondos.
Sin embargo, en mayo del 2022, la Corte de Constitucionalidad benefició a ocho de los sindicados, al eliminar el delito de financiamiento electoral ilícito, mientras que en noviembre, la misma jueza Domínguez cerró el caso contra la UNE, en donde estaba involucrada Sandra Torres.
