La CIDH otorgó medidas cautelares en favor del binomio presidencial electo por "dos planes que existen para atentar en contra de sus vidas e integridad.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, binomio presidencial electo, por considerar que "se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Guatemala".
La petición fue realizada desde el 24 de julio por Alfredo Franco y Chistian González, quienes presentaron evidencias del riesgo que corre Arévalo y Herrera, a quienes, incluso, fiscales del Ministerio Público (MP) les notificaron de manera formal la situación de peligro que enfrentan.
En la solicitud de las medidas cautelares también se indicó que el binomio presidencial electo es objeto de estigmatización, hostigamientos, acoso, exposición pública de su información personal por medio de plataformas virtuales.
Además, detallaron a través de un comunicado que al momento de analizar la petición, observaron con "preocupación la información sobre, por lo menos un posible plan en contra de la vida e integridad de las dos personas beneficiarias, que fue notificado formalmente por integrantes del MP", quienes en ningún momento indicaron las acciones que habrían adoptado en favor de Arévalo y Herrera.
No obstante, la CIDH valoró que el Gobierno haya tomado algunas acciones como esquemas de seguridad a través de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad y Ministerio de Gobernación, compuestos por agentes de seguridad, vehículos, seguridad perimetral, patrullajes, acompañamientos de protección, entre otros.
Las medidas
Tras el análisis, la CIDH determinó necesario otorgar las medidas cautelares para que el Estado de Guatemala "adopte las acciones necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad de Arévalo y Herrera".
De igual forma, solicitaron al Gobierno entregar un informe sobre las acciones que se tomen en beneficio de garantizar la vida del binomio presidencial electo y que investigue los hecho alegados que dieron lugar al otorgamiento de las medidas cautelares.