• Seguridad

Vallas y dinero sin registrar, el caso contra Nineth Montenegro

  • Por Evelyn De León
16 de enero de 2019, 19:01
La diputada Nineth Montenegro enfrentará una investigación penal por un supuesto caso de financiamiento electoral ilícito. (Foto: archivo/Soy502)

La diputada Nineth Montenegro enfrentará una investigación penal por un supuesto caso de financiamiento electoral ilícito. (Foto: archivo/Soy502)

El mismo día en que el Ministerio Público (MP) presentó la solicitud de antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales, por supuesto financiamiento electoral ilícito, la fiscalía presentó el antejuicio contra la diputada Ninenth Montenegro.

La primera solicitud no avanzó en el Congreso y la segunda es hasta ahora cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió dar vía libre al MP para investigar a la parlamentaria del partido Encuentro por Guatemala.

Montenegro no se ha pronunciado por el anuncio que hizo el portavoz del Organismo Judicial respecto a que “podrá ser investigada”. Una fuente allegada mencionó que se pronunciará en algunas horas.

  • ASÍ LO INFORMAMOS: 

El MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala expusieron en conferencia de prensa que el antejuicio se originó por una denuncia interpuesta en 2016 por el Tribunal Supremo Electoral.

En esa denuncia se alertó respecto a que Montenegro, en su calidad de representante legal del partido, habría incumplido con presentar sus estados financieros en la campaña electoral de 2015 con lo que habría “impedido el control de fiscalización del TSE”.

También se menciona que no reportó al TSE el pago de arrendamiento de vallas publicitarias por un costo de 76 mil 784 quetzales.

Mientras que en la campaña electoral de 2011, el MP informó que Encuentro por Guatemala no reportó un aporte de 197 mil 500 quetzales.

El delito por el que se pidió el retiro de inmunidad es financiamiento electoral ilícito, sin embargo ese delito quedó sin vigencia con las recientes reformas realizadas en el Congreso.

Un caso similar ocurrió con el diputado Orlando Blanco, a quien en la audiencia de primera declaración se le resolvió la falta de mérito.

En ese caso la fiscalía cambió su petición para el delito de fiscalización electoral de fondos.

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