Ahora que se aumentaron el sueldo, en el Congreso se discute una iniciativa para que los diputados se afilien al IGSS.
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Aparte de caja chica, pago de celular, gasolina y arrendamientos, entre otros beneficios, los diputados del Congreso gozan de un seguro que les cubre gastos médicos y hasta traslados aéreos a distintos hospitales.
Pero, ahora que ganarán más, ha vuelto a cobrar relevancia una iniciativa que propone que ellos ya no tengan seguro privado, sino que se inscriban al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), como cualquier otro trabajador.
La propuesta fue la única que se conoció en la sesión plenaria del jueves 12 de diciembre y ahora está en manos de las comisiones de Salud y Previsión Social, las cuales deberán analizar su viabilidad.
Si se aprobara, esa ley obligaría al IGSS a afiliar e incorporar conforme a los diputados al programa de Enfermedad, Maternidad y Accidentes. Para el efecto, se tendrían que hacer las coordinaciones internas correspondientes, así como con la dirección de Recursos Humanos del Congreso.
El proyecto también permitiría a los legisladores optar a una jubilación por medio del programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia. Asimismo, prohibiría que se vuelva a contratar un seguro privado en su favor.
Beneficio millonario
Actualmente, el Congreso garantiza a los padres de la patria la cobertura de diversos servicios médicos, mediante un seguro médico y de vida que fue renovado en agosto pasado.
Así, mientras que un ciudadano común debe acudir a los servicios de salud pública, pagar por su cuenta atención médica privada o, en el mejor de los casos, acudir al IGSS, los parlamentarios tienen asegurada la asistencia hospitalaria por emergencias, incluso, fuera del territorio nacional.
La póliza que los mantiene protegidos, también les garantiza atención oftalmológica, dental y dermatológica, así como al traslado en ambulancia aérea.
Las mujeres, además, tienen cobertura de maternidad y control de sus hijos hasta que tengan 6 años. En cuanto al seguro de vida, el monto puede alcanzar los Q1.5 millones por muerte accidental.
