Después de diversos recursos que retrasaron el proceso, este martes 29 de agosto se inició el juicio contra el exdiputado que en 2019 fue señalado en el caso Chantaje Parlamentario.
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En el Tribunal Séptimo de Instancia Penal se efectuó la audiencia que marcó el comienzo del juicio contra el exdiputado Ferdy Elías, a quien el Ministerio Público (MP) acusa de haber chantajeado a un funcionario del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), en 2018.
Para entonces, el exlegislador estaba al frente de la Comisión de Finanzas del Congreso y habría pedido el 10 % de un préstamo que se había aprobado para el MSPAS.
El jefe de esa cartera era Carlos Soto, quien se habría negado a otorgarle a Elías 6 millones de los 60 millones de quetzales que comprendía el crédito. El entonces funcionario hizo la denuncia correspondiente ante el MP y en noviembre de 2019, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) pidió el retiro de inmunidad contra él.
Los señalamientos que pesan sobre el exdiputado son cohecho pasivo y tráfico de influencias. Desde que perdió su inmunidad interpuso diversas acciones que impidieron que el proceso avanzara.
Uno de los aspectos que llamó la atención en la audiencia de este martes 29 de agosto, es que el también exdiputado Roberto Villate forma parte de los abogados defensores de Elías.
El caso
Según la FECI, cuando Elías fungió como presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República asistió al despacho del entonces ministro de Salud, Carlos Solo.
En esa reunión, el legislador le habría comentado a Soto que se había aprobado un crédito para el país, del cual se asignarían 60 millones de quetzales para la cartera salubrista. De esa cantidad, el parlamentario habría pedido el 10 %, en concepto de "comisión".
De acuerdo con las pesquisas del MP, tras la asignación de los fondos Soto se negó a lo pedido por el diputado. Ante esto, Elías exigió al funcionario que reactivara la construcción de un hospital en Ixcán, Quiché, la cual había sido suspendida por anomalías.
"Fue tal la insistencia del diputado que llegó al despacho del ministro junto al propietario de la constructora, para exigir la continuidad de la obra, y amenazó que si no cumplía sería citado al Congreso e interpelado", se lee en la acusación.
