Diputados de oposición acusan al Gobierno de facilitar la injerencia extranjera, por haber emitido un acuerdo sobre convenios internacionales, y ahora anunciaron acciones contra el Presidente.
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Tensa se tornó una reunión entre el canciller Carlos Ramiro Martínez y diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, en la cual se abordó el levantamiento de la reserva al artículo 27 de la Convención de Viena.
La medida, que se publicó el pasado 5 de mayo y está contenida en el Acuerdo Gubernativo 65-2025, ha generado controversias, pues grupos de oposición al Gobierno acusan al presidente Bernardo Arévalo de violentar la soberanía del país y dejarla a merced de organismos internacionales.
Tal señalamiento ha sido replicado por distintos sectores y en diversas plataformas, en las que se ha llegado a mencionar que ahora Guatemala podría, incluso, legalizar el aborto y los matrimonios entre personas del mismo sexo.
El ejecutivo ha negado esos argumentos y ha destacado que la citada decisión solo tiene como objetivo "dar certeza jurídica y reafirmar la soberanía y supremacía de la Constitución".
Empero, esa defensa no ha sido bien recibida por los diputados, principalmente los aliados de Allan Rodríguez. Por ello, anunciaron denuncias penales contra el mandatario y el canciller, por haber firmado el citado acuerdo.
Fue el integrante del bloque Vamos, Héctor Aldana, quien se refirió al tema, mientras que su compañero Carlos Roberto Calderón informó que pidió la interpelación de Martínez.
La polémica
Las críticas contra el gobierno de Bernardo Arévalo por el presunto favorecimiento de la injerencia extranjera, se arreciaron tras la publicación del Acuerdo 65-2025 en el diario oficial.
La norma sola se refiere al artículo 27 de la Convención de Viena, que en 1997 fue declarado en reserva por el Estado de Guatemala. Esto quiere decir que el Gobierno no estaba obligado a acatarlo.
Ese apartado reza textualmente: "Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado".
Según diputados como la independiente Vivian Preciado y Elmer Palencia, de Valor, al levantar esa reserva, Guatemala tendría que acatar lo dispuesto por cualquier tratado o convenio que se firme con una organización extranjera, sin importar si estos violentan leyes nacionales, incluida la Constitución Política de la República.
El Ejecutivo ha tratado de desvanecer tales acusaciones, y por diferentes medios ha indicado que ese no es el espíritu del levantamiento de la reserva; sin embargo, las críticas no han mermado.
En manos de la CC
La situación ha generado debates en las redes sociales, una tribuna que varios abogados y organizaciones civiles han utilizado para informar sobre los amparos que han planteado en busca de obligar a Bernardo Arévalo a dar marcha atrás en su decisión.
Tras su reunión en el Congreso, el canciller Carlos Ramiro Martínez habló al respecto e hizo ver que la vigencia del acuerdo sobre la Convención de Viena está en manos de la Corte de Constitucionalidad (CC).
El Ejecutivo está a la espera de lo que resuelvan los magistrados sobre los amparos interpuestos, dijo, y remarcó que serán ellos quienes decidan si la reserva se mantiene.
