A partir del próximo miércoles, los funcionarios que no asistan a las citaciones del Congreso podrían ir a prisión luego de que ya fuera publicado el Decreto 13-2016 que reforma el Código Penal.
Los funcionarios y empleados públicos, así como quienes no ocupen un cargo en el Organismo Ejecutivo y sean citados por los diputados, deberán presentarse. De lo contrario, la ley establece prisión de dos a tres años.
La normativa contempla que los diputados tendrán que hacer el llamado con cuatro días de anticipación. La única excusa válida para no presentarse es alguna enfermedad, que deberá ser respaldada con constancias médicas.
Esta polémica normativa ha generado diferencias entre los organismos Legislativo y Ejecutivo. El 4 de febrero, los legisladores aprobaron el decreto. Sin embargo, el 9 de marzo, el presidente Jimmy Morales no le dio el visto bueno a la ley.
El pasado 5 de abril, 106 diputados rechazaron el veto presidencial, por lo que tuvo que ser publicada.
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En un intento por evitar que su gabinete esté obligado a presentarse al Congreso, cuando los diputados lo dispongan, el Mandatario y un diputado oficialista accionaron ante la Corte de Constitucionalidad por considerar que la ley viola la Carta Magna.
El estira y encoge entre ambos poderes del Estado se intensificó luego que el Ministro de Salud afirmara que algunos diputados "de FCN y otras bancadas" le han sugerido contratar a determinadas personas.
Además, el diputado Juan Manuel Giordano recibió un voto de censura luego que se filtrara una conversación entre él y su jefe de bancada Javier Hernández, donde "el dipukid" le pedía apoyo para "poner de rodillas" al Gobernador de San Marcos, Carlos Cardona.
El 14 de abril, el Ministerio Público le pidió a la Corte Suprema de Justicia que le retire la inmunidad a ocho diputados del oficialismo por supuestas presiones a la Gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura, quien salió llorando de la reunión con los parlamentarios afirmando que ellos le pidieron plazas para sus allegados.