Dolores crónicos, estigmatización social, depresión e ideas suicidas son algunas de las secuelas que las víctimas del caso Sepur Zarco han tenido que enfrentar en los últimos 30 años, según revelaron los peritajes efectuados como parte del juicio que se sigue contra dos militares por acciones cometidas en el destacamento situado en esta comunidad de El Estor, Izabal.
La experta, Karen Peña, quien realizó el peritaje médico a las víctimas por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, explicó que la mayoría padece de dolor crónico en la espalda y en la pelvis, una condición propia de las víctimas de abuso sexual.
Así también, las mujeres y hombres que aseguran haber sido perseguidos y torturados, experimentan molestias gástricas e hipertensión como consecuencia del alto nivel de estrés, confirmó Peña.
Por aparte, la psicóloga Mónica Pinzón, quien efectuó el peritaje psicosocial, señaló que tras entrevistar a los afectados advirtió cuadros de depresión y en algunos casos, la situación es tan severa que presentan ideas suicidas.
A decir de Pinzón, el sufrimiento de las mujeres no concluyó con su liberación, ya que ellas deben enfrentar los recuerdos, pérdidas de un estilo de vida y familia, además de la estigmatización social a la que son sometidas por parte de algunos miembros de sus comunidades.
La psicóloga afirmó que todas las mujeres, de las cuales dos se vieron en la necesidad de abortar y siete perdieron a sus hijos a consecuencia del conflicto armado, no han logrado rehacer su vida junto a una nueva pareja por el temor que mantienen que todos los hombres les puedan hacer daño.
Asimismo, el peritaje antropológico-lingüístico dio a conocer que las víctimas nombran lo ocurrido como “muxuk”, vocablo Q’eqchí’ que se refiere a una profanación, a que su vida fue destruida.
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El juicio Sepur Zarco inició el 1 de febrero y se desarrolla en el Tribunal A de Mayor Riesgo, los acusados son Esteelmer Reyes Girón, encargado del destacamento militar y Heriberto Valdez Asij, excomisionado militar.
El MP presenta el caso contra los dos militares retirados que habrían permitido y consentido desapariciones, asesinatos y violaciones sexuales contra población civil en el destacamento militar.