Tras la orden de captura girada contra la vicecanciller Sandra Jovel, la Cancillería se pronunció ante el caso a través de un comunicado en el que señalaba que la acusada ponía su cargo a disposición del presidente Morales hasta que se resuelva su situación jurídica.
"La Viceministra ha decidido poner su cargo a disposición del Presidente mientras dilucida su situación jurídica", informó el comunicado oficial.
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Asimismo, el ministerio se puso en total disposición para colaborar con los órganos judiciales.
Por su parte, Jovel tendrá que enfrentar a la justicia porque no goza de antejuicio ya que no es la encargada del despacho del ministro.
La defensa de Jovel ya ha confirmado que se presentará lo antes posible y de manera voluntaria ante el tribunal competente para prestar primera declaración.
Antecedentes
Las autoridades judiciales giraron orden de captura contra la viceministra por el delito de adopción irregular del menor Maximiliano Pontaza quien fuera abandonado por su madre biológica en un sanatorio de la zona 1.
El menor pasó a disposición del Juez de Turno, Sáenz Bojorquez quien decide que Jovel sea el abrigo provisional del menor sin verificar si es elegible.
En 2010, el Juzgado de la Niñez y Adolescencia revisa el caso y lo califica de irregular por lo que envían al menor a un albergue. Unos meses después, Dominga Ordóñez , que es familiar del juez y figura en el listado de adopciones, obtiene la custodia del menor pero se lo entrega a Jovel.
De esta forma, las autoridades del Ministerio Público acusan a Jovel del delito de adopción irregular, a Sáenz de prevaricato, abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución y a Ordoñez por abandono de niños y personas desvalidas y desobediencia.