No ha terminado la primera semana de 2016 y ya estamos tan absortos en el zafarrancho de la coyuntura --los arranques "de macho viejo" del presidente Maldonado, el juicio contra militares que le desmorona al equipo al presidente electo, Jimmy Morales, y los pulsos por el gabinete-- que perdemos de vista los movimientos que podrían decidir quién prevalece y quién sucumbe en el primer gran quiebre del siglo XXI.
Ni la captura de los veteranos acusados de violaciones a los derechos humanos, ni la conformación del nuevo equipo de ministros, ni el salario mínimo diferenciado o la designación de la nueva Junta Directiva del Congreso constituyen, en este momento, jugadas determinantes.
La batalla que definirá el destino del país de aquí al final de esta década está en marcha desde antes de que Jimmy Morales empezara a entrevistar candidatos a funcionarios, y es igual de importante, sino más, que las elecciones que retumbaron en septiembre del año pasado al son de #NoTeToca.
Se trata de la integración de la Corte de Constitucionalidad, que habrá de quedar resuelta en el mes de abril de 2016.
Los magistrados que serán electos en el primer trimestre de este año tendrán en sus manos el rumbo del país. Son ellos quienes decidirán si el clamor que colmó las calles de protestas y llenó la cárcel del Mariscal Zavala de prisioneros "VIP" se convierte en una realidad, con consecuencias jurídicas y nuevas reglas políticas, o si se encuentran soluciones tibias y acomodaticias para las mafias de cuello blanco.
Todos los casos que se seguirán peleando este año en tribunales –La Línea, la extinción de los bienes de Otto Pérez y Roxana Baldetti, los jueces y magistrados corruptos, los bufetes de la impunidad, los traficantes de influencias que rumian en los corredores de Casa Presidencial, los “negociantes de la salud”, los diputados y alcaldes mañosos, todos ellos y los que faltan—irán a dar con sus miserias a la CC.
Los guatemaltecos debemos tomarle el pulso a esa elección y montar una presión fenomenal para asegurarnos de que sean electos los abogados más honestos y más independientes para ocupar esos cargos.
No se vale que repitan los títeres de "los operadores" ni los abogados que llegan solapadamente a resolver sus casos, en lugar de impartir justicia.
La sociedad debe ser vigilante del proceso que determinará quiénes resuelven los juicios más importantes que este país haya tenido en más de cien años y quizá, en toda su historia republicana.
Si no lo hacemos, todo el esfuerzo de 2015 habrá servido de nada y en cuestión de meses, nos humillarán de nuevo las carcajadas de los corruptos.
