Uruguay, una nación de apenas 3,3 millones de habitantes, se situó este martes a la vanguardia mundial al legalizar por primera vez de forma integral la producción y la venta de marihuana mediante un proyecto gubernamental rechazado en las encuestas a nivel interno y cuestionado a nivel internacional.
La sorprendente idea planteada en junio de 2012 por el presidente José Mujica, un exguerrillero de 78 años que es famoso por su austera forma de vida y sus críticas al consumismo, acabó por convertirse en ley después de una acalorada sesión en el Senado que se prolongó por doce horas.
La iniciativa, presentada por el bloque oficialista de izquierdas Frente Amplio (FA) como una revolucionaria forma de luchar contra el narcotráfico, recibió 16 votos a favor y 13 en contra.
Ahora solamente falta que Mujica promulgue la ley y que los impulsores de la propuesta aprueben un reglamento que definirá al detalle la forma que tomará el proyecto en la práctica, para lo cual disponen de 120 días.
Al igual que había sucedido el 31 de julio pasado en la Cámara de Diputados, el FA impuso hoy su mayoría simple en el Senado, en medio de la desesperación de la oposición, que rechazó el proyecto en bloque.
Antes del debate Mujica admitió que la nueva ley "no es bonita" y que los ciudadanos, dos tercios de los cuales la rechazan en las encuestas, no están "totalmente preparados" para ella, pero pidió una "oportunidad" para ver si funciona.
Durante la sesión la senadora frenteamplista Constanza Moreira calificó la jornada de "histórica para mucha gente".
"La ley que aprobamos hoy, junto a la de aborto y la de matrimonio igualitario (fruto también de la actual gestión gubernamental), nos pone a la vanguardia", consideró.
Ernesto Agazzi, también del FA, reconoció que "la marihuana no es inocua" y que prefiere que en el futuro "no se consuma ninguna droga" pero aún así defendió la ley para "mejorar la desastrosa situación" actual.
Su correligionario Roberto Conde la justificó como una "nueva forma de acción del Estado para cerrarle el acceso a un negocio de 30 o 40 millones de dólares anuales" a los narcotraficantes en Uruguay.
Recordó que "el 70 % de la droga ilegal consumida en el país es marihuana", que ésta es de "acceso fácil" y que en torno a ella existe una percepción "muy tenue" de riesgo sobre "sus consecuencias en la salud", lo que lleva a un "permanente aumento" del consumo entre adolescentes.
De allí, la necesidad de regular el sector, en el que el tráfico ilegal de drogas "va a seguir siendo perseguido", aclaró además.
En Uruguay, el consumo de marihuana es legal desde hace cuarenta años y es relativamente frecuente ver a personas fumando en las plazas y parques del país.
El proyecto dispone la creación de un ente estatal regulador encargado de otorgar licencias a los consumidores y controlar la producción y distribución de la droga, que se hará efectiva en clubes o farmacias.
Los consumidores podrán adquirir hasta un máximo de 40 gramos por mes, o cultivar en casa hasta seis plantas que produzcan no más de 480 gramos por cosecha.
El precio que se aplicará para que el producto sea competitivo frente al del mercado negro será de un dólar (0,63 euros) por gramo.
Esa tarifa fue cuestionada por el senador del Partido Nacional (Blanco) Jorge Larrañaga, al compararla con las de los "coffee shops" de Amsterdam, que oscilan "entre 8 y 15 euros".
Larrañaga advirtió asimismo que Uruguay corre el riesgo de transformarse "en un centro de narcoturismo".
El senador del Partido Colorado Alfredo Solari, médico de profesión, denunció que la propuesta "no cumple con ninguna de las salvaguardas éticas de la experimentación con seres humanos", antes de advertir del riesgo de generar adicciones, sobre todo entre los jóvenes.
Al respecto, el senador oficialista Luis Gallo subrayó que "todas las drogas tienen reacciones farmacológicas tóxicas diferentes" y "no todos los usuarios se transforman en adictos".
Solari alertó además que la marihuana afecta al "potencial de aprendizaje de niños y adolescentes", algo "importante" para un país con "problemas de continuidad" en educación secundaria, recordó.
Para evitar su propagación entre los jóvenes, la ley incluye programas preventivos de control del consumo de drogas que deberán ser impulsados por las instituciones de enseñanza.
Según datos oficiales, unas 300.000 personas, casi el 10 por ciento de la población, admiten haber consumido alguna vez marihuana y entre 127.000 y 150.000 lo hacen con regularidad.
La medida impulsada por Mujica, que comenzará a aplicarse en el primer semestre de 2014, es rechazada por numerosos Gobiernos de países de Latinoamérica, una de las regiones del mundo más golpeadas por el narcotráfico, aunque ha sido respaldada por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y el Gobierno de Guatemala.
