Aún no concluye el tercer mes del año y el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados ya ha resuelto sancionar a tres de los profesionales del área más conocidos por la sociedad guatemalteca a causa de su carrera profesional.
El fallo más reciente es el del abogado Francisco García Gudiel, quien figuró entre el equipo de defensa del exjefe de Estado, Efraín Ríos Montt, durante el juicio por genocidio.
García Gudiel fue suspendido del ejercicio profesional durante un año, además de recibir una amonestación pública y otra pecunaria por un valor de 5 mil 40 quetzales.
La decisión del órgano responde a una denuncia presentada por el director de la Comisión Internacional de Juristas, Ramón Cadena, por faltas al código de ética cometidas durante el proceso en mención.
Representación ilegal
Un castigo similar fue otorgado por las autoridades de Honor, a la abogada Rossana Maribel Mena Guzmán por el delito de representación ilegal; sin embargo, la sanción difiere en que la profesional no fue suspendida de sus funciones.
Por la falta de una suspensión, el denunciante Alexander Aizenstatd, que confirmó recibir “amenazas telefónicas por parte de la exjueza”, aseguró que apelará la resolución debido a que es "muy baja".
Aizenstatd recordó que Mena Guzmán ejerció como jueza Primera de la Niñez y la Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto durante varios años. Después de ser suspendida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en 2013 se presentó como abogada en un proceso que había llevado en su función de juez.
Mena Guzmán dispuso durante el proceso de información privilegiada y, de hecho, "utilizó la influencia para que el juez la admitiera en el proceso como abogada", señaló Aizenstatd.
Denuncia al MP
En diciembre de 2013, Alexander Aizenstatd denunció también a la abogada en el Ministerio Público por el delito de representación ilegal y tráfico de influencias.
Desde ese entonces, la denuncia no ha avanzado. En vista de la tranquilidad tomada por los funcionarios del MP, el abogado interpuso una demanda en la unidad de investigación número 7.
La abogada, quien dijo que apelará la resolución, añadió que fue contratada por Víctor Alfredo Pérez Torres, que era el abogado del caso.
Según Aizenstatd, esa contratación no se tendría que haber llevado a cabo por su pasado como jueza. De esta forma, Pérez Torres fue llamado a declarar durante el proceso, pero, según confirma Aizenstatd, "nunca llegó".
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