Los hallazgos efectuados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) en el caso La Línea a partir del 16 de abril de 2015, cuando la organización criminal salió a la luz, dan cuenta de lo complejidad de esta mafia, cuyo organigrama llega hasta la primera magistratura del país.
A decir del titular de la CICIG, Iván Velásquez, la jerarquía de la banda contaba con tres niveles: uno alto, integrado por personas externas al sistema aduanero; el medio, por puestos de alto y mediano rango en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT); y el bajo, los tramitadores y operadores.
Sin embargo, lo que más ha indignado a la población son las pruebas que respaldan lo que se consideraba un secreto a voces: las relaciones cercanas entre el presidente Otto Pérez y la ex Vicepresidenta Roxana Baldetti con integrantes de la estructura, quienes fungían como administradores y contadores de la pareja presidencial.
Meses de investigación permitieron recabar 88 mil 920 interceptaciones telefónicas, 5 mil 906 correos electrónicos, 175 mil documentos, 100 informes, 650 mil folios, 2 mil 814 declaraciones únicas aduaneras (dúas) y 32 agendas; lo que da cuenta de cerca de 100 personas involucradas, 22 empresas y la relación de Pérez y Baldetti con la estructura criminal.
Entre los documentos encontrados en las viviendas y oficinas de los procesados por el caso La Línea, destacan boletos aéreos electrónicos de 2011 a nombre de Pérez, Baldetti y su esposo (Mariano Paz) y sus hijos (Luis Pedro y Mario Antonio Paz), los cuales evidencian que la relación entre la banda defraudadora y el binomio del Partido Patriota empezó antes de que fueran electos.
Además de facturas de supermercados de Paz y Baldetti, el Comisionado destacó un plan de venta de un Jaguar XF, negro, modelo 2012, cuyo cliente era Pérez y que sería facturado por Adquisiciones, Inversiones y Servicios, S. A. La cotización del blindaje de ese vehículo vue enviada a Monzón.
En la oficina de González se localizó una carta de la empresa panameña Nikita Investment Corporation dirigida a Pérez, en donde asegura tener la capacidad de asumir “derechos y obligaciones” en Guatemala.
También figura un memorándum de González a Pérez en relación con la recaudación tributaria a cargo del sistema aduanero guatemalteco, de fecha 13 de abril de 2015, apenas tres días antes de la desarticulación de la red.
Velásquez añadió que “afortunadamente” se localizaron tablas de control y distribución de los cobros de La Línea, que además de facilitar la investigación, dan cuenta de las cifras que eran otorgadas a los integrantes, incluyendo a “1 y 2”, que podría considerarse como el Presidente y la entonces Vicepresidenta.
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