Las empresas de telecomunicaciones impugnaron este viernes el impuesto a la telefonía aprobado dentro del Presupuesto 2015, argumentando que éste es ilegal, inconstitucional y otorga facultades al ente recaudador que no le competen.
Los abogados de las tres empresas, Tigo, Claro y Movistar, presentaron un amparo para que el impuesto de 5 quetzales por cada línea de teléfono no entre en vigencia el próximo 1 de enero y sea derogado.
De acuerdo con Manuel Roberto Sisniega, director del Departamento Legal de Tigo, el artículo 19 de la Ley de Presupuesto destaca que no se puede aprobar ningún impuesto nuevo.
Además, Alejandro Balsels, abogado de Telefónica, comentó que se aprobó una normativa que faculta a la Administración Tributaria para instalar dispositivos en las redes de comunicaciones para monitorear el uso de las líneas.
Líneas en riesgo
Las empresas operadoras advirtieron que los amparos se presentaron para defender a los usuarios de los teléfonos, con el fin que los nuevos impuestos no les afecten.
El sector estima que se encuentran en riesgo de desaparecer más de 8 millones de líneas de teléfono, principalmente prepago, debido a que estas líneas no recargan más de 10 quetzales al mes, y con el impuesto de 5 quetzales mensuales los ingresos por el mantenimiento de dichas líneas se reduciría.
Las mismas empresas, con el fin de reducir el pago que deberían presentar, devolvieron a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), 6 millones de líneas de teléfono inactivas, las cuales formaban parte del inventario.
Golpe a los ingresos
Se trata de un segundo golpe en el mismo día, ya que la Cámara de la Industria de Guatemala (CIG), presentó también un recurso de amparo en contra del Presupuesto para 2015, señalando los mismos vicios, principalmente que las nuevas disposiciones aprobadas no fueron iniciativas de Ley.
Con estas medidas, los empresarios impugnaron los ingresos extraordinarios aprobados dentro del Presupuesto, los cuales sobrepasan los 2 mil millones de quetzales. Es decir, que si la CC resuelve a favor de los empresarios, el Estado tendría ya un déficit fiscal para el 2015.
