La acción de inconstitucionalidad que promovió el Presidente del Congreso, Mario Taracena, en contra del pacto colectivo ha tensado más la relación entre los sindicalistas y la dirigencia de este organismo.
Taracena considera que es previsible que algunos empleados del Congreso intenten sabotear las actividades de esta institución, pero enfatiza en que "es algo que debe hacerse".
Además del recurso presentado ante la Corte de Constitucionalidad, el presidente del Legislativo afirma que los empleados de este organismo recibirán menos dinero que en los últimos meses, porque se enmendará el cálculo del incremento salarial del 10% al año, en base a un hallazgo efectuado por la Contraloría General de Cuentas.
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La Junta Directiva del Organismo Legislativo también anunció que despedirá a las familias que ocupan cargos en el Congreso, debido a que según sus análisis, hay 189 que pertenecen a 71 familias, por lo que solo se permitirá que una persona por familia se quede trabajando en el Congreso.
Cumpliendo con la nueva Ley Orgánica, empezamos el proceso de despido de familiares de diputados y de empleados que trabajan en el Congreso.
El Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República (SINTRACOR), Alfredo Tumax, considera que las medidas de la dirigencia del Congreso son ilegales. "Todo lo que está regulado en el pacto colectivo tiene sustento legal, nosotros creemos que es una acción política", afirma el dirigente sindical.
El consultor político de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), José Carlos Sanabria, considera que los sindicalistas evitarán manifestaciones por el rechazo que generan en la población, por lo que podrían emprender acciones legales para revertir lo promovido por la Junta Directiva.
