Se ha repetido muchas veces que el contrato de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) con la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), afectaría directamente a las arcas del Estado pero no se había dado una cifra exacta hasta este miércoles.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), presentó un documento de la Contraloría General de Cuentas que asegura que durante los 25 años en el que EPQ entregaría el terreno a TCQ, el Estado perdería 4 mil 834 millones 105 mil 901 dólares, esto por las cláusulas del contrato en el que se deja a cargo de EPQ cualquier impuesto o tasa sobre el terreno.
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Esta cantidad de dinero serviría para financiar el 54% del Presupuesto de la Nación durante un año.
Con el contrato firmado por EPQ y TCQ se rompe una prohibición legal, se cede por más de 25 años a una empresa privada, un servicio público.
Además, el mismo acuerdo deja a cargo de EPQ todos los tributos, impuestos o tasas que la filial de la empresa española, Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), pudiera tener que pagar sobre el inmueble que usa.
Según la Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles, cualquier usuario de un bien del Estado, como el terreno que entregó en usufructo TCQ, debería pagar ese impuesto.
La cuota de 105 mil 887 dólares al mes que paga TCQ ni siquiera cubriría el impuesto sobre el terreno. Según la fiscalía, esa cuota es "apenas simbólica".
En la misma presentación, el fiscal Juan Francisco Sandoval, aseguró que en el contrato se omitió la cláusula que obligaba a la empresa TCB a entregar al Estado las construcciones que se realicen en el terreno durante los 25 años del usufructo.
El Estado pudo cubrir la inversión de 103 millones de dólares y los gastos ordinarios con las ganancias de la Empresa Portuaria Quetzal en cinco años y 10 meses, según la Fiscalía.
