Llegó el “tsunami” que tanto habían anunciado la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) y el Ministerio Público, y no decepcionó: realmente es un tsunami y sólo está empezando.
Han sido detenidas, hasta ahora, 27 personas y falta otro tanto más o menos igual. Los implicados abarcan al Partido Patriota (PP) y sus operadores, pero sobre todo, a la elite empresarial del país, al más alto nivel.
De los detalles revelados por las autoridades en una conferencia de prensa que duró casi cuatro horas, esto es lo medular para entender qué significa el caso para el sistema político guatemalteco, qué hace falta por investigar y qué podemos hacer los guatemaltecos para resolver esta situación.
“Cooptar” viene del latín “cooptare” que significa “incorporar a un grupo o a una sociedad”. El caso revelado por CICIG y MP muestra cómo la corrupción del PP agregó no solo a todas las instituciones del Estado, sino al resto de Guatemala y en especial, al mundo empresarial y sus principales industrias.
Por la vía del financiamiento de las campañas políticas, en este caso del PP, algunas de las principales empresas del país se involucraron en la telaraña de corrupción que tejió ese partido, usando compañías de cartón, dirigidas por hábiles “operadores”, como Juan Carlos Monzón.
Las órdenes de captura ejecutadas ya, y las que están pendientes, abarcan a la jerarquía del sector privado: bancos y aseguradoras (Banrural, G&T Continental, CHN), medios de comunicación (Canales 3 y 7), constructores de infraestructura (Sigma y Conasa), agroquímicos (Tigsa), farmacéuticas (JI Cohen), telecomunicaciones (Claro), sector energético (Blue Oil) y seguridad privada (Grupo Escorpión).
Los datos preliminares presentados por MP y CICIG demuestran lo que sabíamos desde hace años. Los padrinos de campañas políticas otorgan millones a los posibles candidatos, a cambio de contratos con el Estado y otros beneficios.
El sistema permite el enriquecimiento de todos los involucrados: tanto de los políticos y sus operadores, como los empresarios que los financian, en igual medida los tradicionales, que ya tienen fortunas y quieren agrandarlas, como los emergentes, que salen del anonimato gracias a este esquema.
Lee aquí: Quiénes son los grandes empresarios señalados en el "tsunami" de CICIG
La rentabilidad de este “negocio” es espectacular. La CICIG y MP mencionaron un caso donde los señalados entregaron 17 millones a los candidatos en campaña y luego recibieron, en contratos, más de 270 millones de quetzales. Así, ¿cómo se iba a detener este sistema por las buenas?
Pese a que regularmente todos nos quejamos del enriquecimiento escandaloso de algunos políticos, muchos empresarios han participado de él, algunos "para no quedar fuera" y otros, para hacer crecer sus negocios. De tal manera que este sistema ilícito acabó convirtiéndose en la norma, aceptada ya como práctica usual. De ahí el asombro hoy de muchos, al verse señalados y perseguidos.
Uno de los mensajes más poderosos del caso “Cooptación del Estado” es que la ley puede, y debe, aplicarse sin privilegios a todos por igual. En esta oportunidad, varios de los sindicados no son empleados menores, cuya responsabilidad se limita a seguir órdenes. No. Aquí vemos con orden de captura a accionistas, presidentes y gerentes generales de algunas de las principales corporaciones del país.
Asombra, por ejemplo, que sea la propia esposa del propietario del consorcio de la televisión abierta, Alba Elvira Lorenzana de González, quien tenga orden de captura internacional, por las anomalías denunciadas de los canales 3 y 7.
Asimismo, que dos personajes emblemáticos del sector financiero, a cargo de dos gigantes bancarios, como Flavio Montenegro, en el caso de G&T Continental, y Fernando Peña, de Banrural, tengan orden de captura.
A lo largo del proceso que inicia veremos qué evidencia tienen el MP y CICIG para fundamentar acusaciones tan serias a ese nivel. Pero impresiona, sin duda, que las autoridades vayan contra las cabezas de las organizaciones y no se contenten, con funcionarios menores.
Al proceder esta manera, MP y CICIG han iniciado un proceso sin precedentes de depuración de las elites del país. Esta situación, sin duda, es y será dolorosa, y llama a los guatemaltecos a mirarse al espejo y cuestionarse profundamente sobre los enormes vicios del “statu quo” y la necesidad de cambiarlo.
El MP y CICIG han realizado un trabajo monumental con esta investigación. La Fiscal General ha resaltado, varias veces, que para llevar a tribunales el caso, se analizaron dos millones 500 mil documentos, se llevaron a cabo decenas de allanamientos y se revisaron a fondo 12 dispositivos electrónicos, como computadoras, teléfonos inteligentes y tabletas.
La magnitud del esfuerzo de alguna forma explica que no se haya investigado aún a otras estructuras que también existen, que todos conocemos, y que tenían exactamente las mismas funciones.
En el PP, por ejemplo, se sabía que había al menos tres grupos dedicados a la captación de recursos para campaña electoral y el que se ha denunciado hasta ahora, solo es el que encabezaba Roxana Baldetti. Muchas personas claman que se proceda a investigar al que le sigue en importancia: el liderado por Alejandro Sinibaldi, quien por cierto, anda desaparecido, luego de que Ximena Villagrán, de Soy502, le localizara en su peregrinación espiritual por la India.
Pero igualmente hay otros grupos ligados a partidos políticos que tejieron entramados similares y recibieron recursos: Salvador Baldizón, hermano de Manuel Baldizón, hizo lo propio para el partido Libertad Democrática Renovada (Lider) y el empresario Gustavo Alejos, ya detenido por otros casos, operó de manera similar para la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
El caso “Cooptación del Estado” es la respuesta judicial y penal al informe sobre financiamiento de los partidos políticos que la CICIG presentó el año pasado. Cuando el ente internacional hizo público el estudio, en julio de 2015, antes de las elecciones, seguramente no tenía todos los elementos para presentar una acusación como la que ahora lleva a tribunales.
Ahora bien, el caso "Cooptación del Estado" corresponde únicamente al primero de los tres capítulos de ese informe: el que se refiere a la captación de dinero. Los otros dos capítulos, el financiamiento de los partidos a nivel municipal y el involucramiento del crimen organizado en este entramado, son dos problemas mayúsculos que todavía no han sido abordados de manera judicial.
De hecho, Iván Velásquez dijo, durante la conferencia de prensa, que con los recursos actuales que cuentan MP y CICIG, es simplemente imposible abordar los graves crímenes que ocurren a nivel municipal, que es, donde sabemos, están más metidas las mafias, como las del narcotráfico o la trata de personas, por ejemplo.
El presidente Jimmy Morales llegó a la conferencia de prensa donde se reveló el caso "Cooptación del Estado" para anunciar la intervención de la entidad Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ). El mandatario también estuvo manifestándose en sus redes sociales acerca del proceso iniciado, mostrando su indignación.
Más que enfado, de él se requiere un liderazgo firme, que muestre la voluntad contundente de rescatar al Estado de este sistema perverso y fijar otro rumbo. Luego de un primer semestre de errores y titubeos, la coyuntura le ha presentado una oportunidad de oro para dejar su marca en la historia, que hay que aprovechar pronto, en caliente, porque que difícilmente se repetirá. Es esencial que el presidente no la desperdicie.
Ha quedado demostrado, fehacientemente, que el financiamiento electoral está en el centro neurálgico de nuestros problemas. ¿No le dejaron satisfecho las tibias reformas electorales propuestas por el Congreso? Ahora es el momento de llamar a una comisión de alto nivel que elabore una contrapropuesta que sí esté a la altura y con la que podamos presionar al Congreso. Puede haber masa crítica para exigir cambios drásticos ante las puertas del Palacio Legislativo. Hay que acabar con el viejo sistema político, de raíz, y él puede encabezar ese movimiento.
También es obvio que se deben hacer otros cambios fundamentales.
Los usufructos otorgados por el gobierno, por ejemplo, requieren de una revisión a fondo. Es ahora o nunca. La nueva Procuradora General de la Nación, Annabella Morfín, ya anunció que empezará a revisar la situación de la televisión abierta. Ese es el camino correcto.
Los bancos donde el Estado tiene participación, de igual manera, deben estar sujetos a una supervisión más cercana y rigurosa, pues se han denunciado múltiples abusos, no de ahora, de hace tiempo, y es necesario hacer cambios en su sistema de gobernanza para asegurarse de que éstos ya no se repetirán.
La Superintendencia de Bancos, es evidente, debe acuerpar ese esfuerzo.
En las últimas semanas, el presidente Morales ha hecho dos nombramientos muy acertados: el de Anabella Morfín, al frente de la PGN, y el de Alexander Aizenstadt como interventor de TCQ.
Poniendo al frente de los procesos que hacen falta a personas conocedoras e intachables, el presidente Morales podría dar muestras de que su discurso en contra de la impunidad y de la "vieja política" realmente tiene fondo y esencia y que él, como Presidente, alberga una genuina voluntad política de transformar el sistema que ha corrompido a la sociedad.
Por último, es importante mencionar que los guatemaltecos debemos involucrarnos en los cambios. Este sistema perverso existe porque nosotros lo permitimos. Ya sea por codicia o mero desinterés en los asuntos públicos, permitimos que se enraizara y que lo ilegal, lo corrupto, se convirtiera en práctica común.
Es hora de corregir el rumbo. Claro, tendrá consecuencias. El proceso no se realizará sin dolor. Pero hay que comenzar porque esto, precisamente esto, es lo que nos llevó al colapso como sociedad.
