Los chiflidos y los comentarios obscenos las reciben, pero ellas siguen, deben cumplir su trabajo dentro de las cárceles. Son las defensoras públicas a cargo de los casos de pandilleros.
Una de ellas es Fidencia Orozco. Desde 2003 ha conocido casos relacionados con el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha. Su labor es velar que los casos judiciales contra estas personas cumplan con todos los requisitos legales.
"Todas las personas merecen respeto, el Estado fue creado para eso", responde Osorio cuando se le pregunta sobre los comentarios que critican que los pandilleros son defendidos durante los juicios.
La defensora pública considera que las personas deben ser condenadas únicamente si la fiscalía cuenta con las pruebas que respalden su acusación, pues los derechos de los sindicados deben ser respetados.
"Es incómodo, se debe tratar de obviar, con el tiempo es menos complicado", comenta Osorio sobre el acoso que soportan ella y sus otras compañeras cuando ingresan a los módulos de entrevista para estudiar los casos contra sus defendidos.
No es lo mismo que sea un defensor y no una defensora la encargada; sin embargo, asegura que no es una limitante para cumplir su labor. Para Osorio es importante que las mujeres ocupen espacios públicos.
De los 328 defensores públicos, 161 son mujeres, es decir, casi la mitad.
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Las condiciones en las que laboran estas personas han mejorado, pero no lo suficiente.
Hace algunos años, las entrevistas las realizaban dentro de salones comunes en las prisiones, en medio de humo de cigarrillos, a veces de drogas y alcohol. Y si no había espacio, debían llegar hasta el lugar donde residían los reclusos.
En una ocasión, cuenta una defensora pública, una de sus compañeras en estado de gestación llegó a visitar al sindicado que defendía, pero este le lanzó el humo del cigarro que consumía.
Osorio comenta que con los pandilleros busca dejar en claro desde el principio que trabajará en condiciones de respeto. Hasta el momento, comenta, los únicos momentos desagradables han ocurrido cuando ingresa y los pandilleros están en grupo.
El otro lado, los adolescentes
Beatriz Tuna es maestra de educación primaria como primera profesión, la segunda es la de abogada. Desde 1999 labora en el Instituto de la Defensa Pública Penal.
Su experiencia en esta entidad ha sido exclusivamente en el área de adolescentes en conflicto con la ley, por lo que muchos de sus defendidos han sido miembros de pandillas.
Su experiencia es distinta a la de Osorio: los adolescentes la respetan. En la lista de sus defendidos aparecen jóvenes acusados de asesinato o asociación ilícita.
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Tuna cuenta que en cierto momento se convierte en una figura de protección para ellos, alguien a quién acudir para hablar o ser escuchados. Cuidan, comenta, hasta su vocabulario para conversar con ella.
Para esta abogada y educadora, no existe ninguna política que se preocupe por el bienestar integral de los jóvenes en zonas vulnerables, por lo que hay más posibilidades de integrarse a pandillas.
