Un tribunal guatemalteco dictará sentencia mañana en el juicio por la muerte de 37 personas quemadas en la embajada de España en Guatemala, casi 35 años después de una masacre registrada en medio del conflicto armado interno.
El exjefe policial y único acusado por la matanza, Pedro García Arredondo, tendrá una intervención el lunes antes de que el juzgado emita un veredicto, según dijo el representante de la Fundación Rigoberta Menchú Tum (FRGT), Wielman Humberto Cifuentes Estrada.
Tras las palabras del sindicado, el Tribunal B de Mayor Riesgo de Guatemala pondrá fin a un debate oral que empezó el 1 de octubre, y donde se ha reconstruido lo sucedido aquel 31 de enero de 1980 desde dos versiones distintas, con un enfrentamiento entre la izquierda y la derecha guatemalteca como trasfondo.
La matanza en la sede diplomática "no fue una coincidencia, ni un accidente", enfatizó la fiscal del Ministerio Público (MP), Hilda Pineda, durante las conclusiones del juicio el último lunes, en una comparecencia de más de tres horas.
La masacre se registró cuando las fuerzas de seguridad del régimen militar de Guatemala que dirigía el general Fernando Romeo Lucas García (1924-2006) asaltaron la embajada española, después de que fuera ocupada por campesinos y estudiantes guatemaltecos que denunciaban la represión militar.
En el asalto murieron quemadas 37 personas, entre ellas el cónsul español, Jaime Ruiz del Árbol Soler, y sus compatriotas y empleados de la delegación Luis Felipe Sanz y María Teresa Vázquez.
García Arredondo, de 69 años, dirigía un comando de la ahora extinta Policía Nacional y, según las investigaciones de la fiscalía, fue quien dio la orden de incendiar la representación consular.
El acusado "fue partícipe en grado de autor del asesinato de las 37 víctimas, quienes se encontraban en total indefensión", argumentó la fiscalía en sus conclusiones.
La Policía Nacional "evitó el ingreso de la Cruz Roja, los cuerpos de socorro y periodistas" a la embajada, agregó la fiscal.
La fiscalía recapituló varios testimonios en el proceso judicial, incluido el del "Testigo A", miembro del comando de la PN y cuyo nombre se encuentra bajo reserva.
"La policía hizo lo que tenía que hacer. Nunca fue la intención matar a nadie. Ayudarlos sí, por lo menos a los rehenes", subrayó Galindo, quien descartó la validez del "Testigo A" por su anonimato.
Aquel día también murieron quemados Vicente Menchú y Francisco Tum, padre y primo, respectivamente, de la premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, quien fue la primer testigo de la fiscalía en contra del exjefe policial y quien además es querellante en el caso.
La quema de la embajada se registró en una de las etapas más sangrientas del conflicto armado en Guatemala (1960-1996), un enfrentamiento que dejó unos 250 mil muertos y desaparecidos en la nación centroamericana.
Más del 90 % de las violaciones a los derechos humanos en el conflicto se le atribuyen al gobierno de Guatemala, según organismos internacionales.
El embajador de España en Guatemala en aquel momento, Máximo Cajal y López, y el campesino guatemalteco Gregorio Yujá fueron los únicos supervivientes del asalto.
Yujá, sin embargo, fue secuestrado dos días después de la masacre y su cuerpo apareció, con signos de tortura, el 2 de febrero de 1980 en la rectoría de la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala, símbolo de la izquierda estudiantil en aquel momento.
"Ajusticiados por traidores. Correrá mismo riesgo embajador español", decía una nota dejada junto al cadáver.
García Arredondo fue condenado a 70 años de prisión en 2012 por la desaparición forzada de un estudiante en 1980.
