Sectores rechazan convocatoria anónima a movilización "Plan B"

Como un mensaje erróneo, de confrontación e intimidatorio, calificaron algunos sectores del país la manifestación no pacífica que convocaron personas de forma anónima en redes sociales denominada "Plan B, #REVOLUCION YA", que se pretende realizar el lunes próximo. 

 

A diferencia de la marcha pacífica convocada para el próximo sábado 25 de abril en el Parque Central con el hashtag #RENUNCIAYA, y de la que se espera la participación de 20 mil personas, la actividad anunciada para el lunes 27, tiene como requisitos cubrirse el rostro, tomar instalaciones públicas y obstaculizar el libre tránsito. 

 

 

 

Según Pedro Cruz, de la organización Jóvenes por Guatemala, los mensajes como el que circula en redes sociales para una marcha el lunes, confunden a la ciudadanía, y favorecen actos anónimos y de vandalismo. 

 

Por aparte, Claudia Samayoa, de la Unidad de Protección a Defensores de los Derechos Humanos (Udefegua), indicó que la convocatoria para el lunes tiene el estilo de los documentos de los "Oficiales de la Montaña", que servían para dirimir diferencias entre grupos durante el conflicto armado interno e intimidar o confundir a la población.

 

 

Cruz explicó que la propuesta anónima que se convocó para el lunes es una réplica de un llamado similar realizado en Venezuela, pero que en Guatemala pretende, con mensajes confusos, justificar otras acciones. Además, la organización a la que representa estará siempre apoyando movimientos a favor de la justicia y transparencia, pero no actos intimidatorios. 

 

 

Samayoa rechazó los lineamientos de la propuesta de manifestación del lunes, como ir en grupos de 5 ó 10 personas, cubrirse el rostro y obstaculizar el tránsito, y no preocuparse por las acciones de la Policía Nacional Civil (PNC), entre otros, porque eso contradice las acciones en defensa y promoción de Derechos Humanos. Finalmente dijo que Udefegua participará en la concentración pacífica del sábado.

 

La movilización del sábado surge a raíz de los recientes escándalos de corrupción en los que se han visto involucrados funcionarios públicos cercanos al organismo Ejecutivo, y recientemente la red de defraudación aduanera desarticulada en la SAT por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).