Luego de varios días de analizar la remoción de la intendente de Aduanas, Claudia Méndez, el jefe interino de la Administración Tributaria, Elder Fuentes, informó que fue destituida de su cargo este martes.
Méndez había sido fuertemente criticada en el Congreso debido al desmantelamiento de una red de defraudación aduanera que operaba frente a sus narices y que únicamente se había hecho algunas denuncias sin profundizar, por dichos señalamientos puso a disposición su cargo.
Al consultarle al Intendente Interino sobre las razones que motivaron a la remoción de Méndez, este fue incapaz de responder claramente y no dijo el porque la destituyó, solo dijo que podía hacerlo.
-¿Por qué destituyó a Claudia Méndez?- “Por que la Ley me lo permite” – Si, pero ¿Cuál fue la razón? – “La Ley Orgánica de la SAT le da la facultad al Superintendente de colocar y remover intendentes”- ¿Por qué la destituyó? – “Ya le dije”- ¿No existe una razón por su destitución? – “Si, lo hice porque la Ley me lo permite” - ¿La destituyó solo porque podía hacerlo entonces? –“Sí, así es”.
Lo único que respondió Fuentes con claridad, durante una citación realizada por la bancada de Encuentro por Guatemala (EG), es que a partir de la próxima semana se conformará una comisión a lo interno de la SAT para elegir al sustituto de Méndez.
Aduanas sabía de “La Línea”
Durante la citación en el Congreso, la auditora interna de la SAT, Ruth Lemus, explicó que el 29 de enero de este año, la intendente de Aduanas ahora destituida, le envió una solicitud para que realizara una investigación interna sobre una denuncia de supuestos cobros que se realizaban en diferentes aduanas del país.
Lemus explicó a los diputados de EG que se procedió a hacer la investigación y que la denuncia supuestamente provenía de la Asociación de Gestores, quienes habían indicado que se les solicitaba dinero para agilizar el paso de furgones.
La auditora Interna indicó que el 15 de febrero de 2015 presentó un informe a la Intendencia de Aduanas detallando que no poseían toda la información, pero que existía un nivel de riesgo que debía considerarse.
Este informe fue entregado al superintendente Omar Franco, quien guarda prisión acusado de pertenecer a la red "La Línea". Lemus se limitó a indicar que tres de las personas que guardan prisión actualmente fueron señaladas en ese informe. “En total se conocieron 6 personas sospechosas, por ello esta información se entregará al Ministerio Público para que continúe con la investigación”, agregó.
Por su parte, Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala, detalló que se descubrió que desde febrero se sabía del cobro anómalo para dejar pasar furgones. “Si esto se sabía desde febrero porque no se hizo saber antes, por qué no se entregó al Ministerio Público”, agregó.
“Hay responsabilidad indirecta del directorio porque las metas de recaudación no se cumplían, y se compensaba con deuda externa e interna”, concluyó la legisladora.
