La captura de varias personas implicadas en un caso de contrabando de granos básicos que fueron adquiridos por el gobierno del partido Patriota durante un estado de calamidad demostró los riesgos de que las compras no puedan fiscalizarse durante el periodo de vigencia de este tipo de decretos.
Precisamente este martes se tenía planificado que el Congreso de la República conociera un nuevo Estado de Calamidad decretado por el Organismo Ejecutivo, pero varios diputados abandonaron el hemiciclo y se programó la sesión para el próximo jueves 29 de septiembre por no poder continuar por falta de quórum.
De acuerdo a la Ley de Orden Público, el Estado de calamidad pública puede ser decretado “para evitar en lo posible los daños de cualquier calamidad que azote al país o a determinada región”. El utilizado por el gobierno del PP fue decretado por una sequía, el actual fue impulsado por las lluvias.
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Luego del Estado de Prevención, ahora decretan Estado de Calamidad https://t.co/Tra16oZos3 pic.twitter.com/rzroybI5mu
El pasado 22 de septiembre después de anular el Estado de Prevención se decretó Estado de Calamidad en algunos puntos vulnerables del territorio nacional; como la zona 1 de Mixco, colonia El Cambray II, Jardines del Norte en la zona 18, entre otros.
#CongresoGT La mayoría de diputados de FCN abandonó el hemiciclo durante la lectura del estado de calamidad. @soy_502 pic.twitter.com/1kxZRBERd3
De acuerdo al analista político, José Carlos Sanabria, el riesgo de esta figura es lo relacionado con la corrupción y transparencia. “Se desvirtúa el Estado de Calamidad, porque este tipo de medidas se han utilizado como instrumentos para promover la corrupción”, indica.
El riesgo cuando se realiza una compra por excepción es que se otorga a una empresa sin todo el proceso que conlleva una licitación normal y pueden ser "elegidas a dedo", explica Sanabria. Precisamente, esto fue parte de lo ocurrido durante la compra de granos básicos realizada por el gobierno de Otto Pérez Molina, que incluso se encontraban en mal estado y no eran aptos para ser consumidos por humanos.
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Estos son los lugares donde se declara estado de calamidad pública https://t.co/TvAdvA5kn8 pic.twitter.com/frsGXthphY
De la misma forma coincide Jonatan Lemus, analista político, quien asegura que antes no existía un riesgo porque no había un sentido de fiscalización por parte de la ciudadanía.
Lemus asegura que antes era más sencillo hacer lo que quisieran con una medida como tal pero “ahora el riesgo de hacerlo mal es mucho más alto... porque hay miedo por parte del Gobierno y también por quienes puedan ejecutar la compra”.