La valiente magistrada Claudia Escobar --acompañada de tres juezas igual de aguerridas Patricia Gámez, Ina Leticia Girón y Ana Vilma Díaz--, somató la mesa de la justicia.
Pese a haber sido reelecta por el Congreso como magistrada titular, la doctora Escobar renunció en protesta por las asquerosas irregularidades que culminaron con la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones.
“Es un proceso perverso que convirtió a las Cortes en un botín político”, señaló Escobar, denunciando las componendas entre el Partido Patriota y Lider, cuyos dirigentes probablemente se repartieron las magistraturas alrededor de una cama, como declaró la vicepresidenta Roxana Baldetti que fue la primera “negociación” de la justicia donde ella participó.
Lo denunciado por la magistrada Escobar lo sabíamos todos.
Habría que añadir que no sólo las fuerzas políticas intervinieron en estos contubernios. Las mafias también metieron las garras. Por ejemplo, Gustavo Herrera, el gran defraudador del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, apadrinado ahora por su Presidente, fue un conspicuo operador político.
En las Comisiones de Postulación y en el Congreso sólo hubo un puñado de guatemaltecos íntegros que dieron la batalla en medio de la avalancha de inmundicia.
En el proceso abundaron las amenazas e incluso las extorsiones. Hubo quienes exigieron la entrega de fortunas y bienes a cambio de una posición en los listados.
Se pisoteó la carrera judicial y se encumbró, en su mayoría, a quienes mostraron vocación de lacayos o corruptos.
Con su renuncia, la magistrada Escobar hace quizá un último intento, desesperado, por sacudir a la sociedad para que no permita que se termine de consumar en el Organismo Judicial, un proceso que viene copando a todas las instituciones con la misma porquería.
Es un honor contar con juezas como Claudia Escobar, cuyo valor y principios pueden guiarnos a salir de la inmundicia que nos niega justicia.
Ahora le corresponde a la Corte de Constitucionalidad que el heroísmo demostrado por Escobar no se desplome en el vacío, que la voz de ella y las juezas que la acompañaron no sea un grito sin eco y sin respuesta.
Nada se ganaría si lo que manda la CC es repetir el proceso bajo las mismas normas y con los mismos jugadores. Así, sólo se lograría que las mafias políticas y abiertamente criminales muevan a sus alfiles o saquen a los de la banca.
La magistrada Escobar ha solicitado que se anule el proceso, se extienda el período de los actuales magistrados y se elija a nuevas cortes bajo una diferente normativa que garantice la independencia judicial. Que se privilegie a la carrera judicial respetando los principios de excelencia profesional, objetividad, publicidad y transparencia.
El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, también tiene aquí mucho qué decir y hacer, pues es un derecho de los guatemaltecos acceder a la justicia. Con las cortes recién electas, el sistema se convierte en una burla y se corre el grave riesgo de que colapse a mediano plazo.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, tampoco puede quedarse de brazos cruzados. Su misión en el país es precisamente desarticular a las redes que buscan terminar de implantarse en las cortes pero también en la Contraloría de Cuentas, el Ministerio Público y hasta la Superintendencia de Bancos y la Junta Monetaria.
Antes de plantear su renuncia, la magistrada Escobar me dijo que ella no podía tomar posesión en unas cortes abierta y descaradamente prostituidas. Ella ya hizo su parte. Y nosotros ¿cuándo rompemos las cadenas? ¿cuándo dejamos de lamer el yugo?
