La relación entre los organismos Legislativo y Ejecutivo continúa tensa y las diferencias quedaron nuevamente en evidencia porque el presidente Jimmy Morales no parece estar conforme con las reformas electorales aprobadas por los diputados y podría vetarlas.
En su cuenta de Facebook, Morales señaló que las modificaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos no atienden las demandas de la población.
El presidente del Congreso, Mario Taracena, no pasó esto por desapercibido y se encargó de revivir la llama de la discusión al pedirle a Morales que no se deje presionar por "Ángel González (el dueño de los canales en los que trabajó Morales) que fue su patrón 20 años", en referencia a que la ley manda que se regule la inversión de los partidos políticos en medios de comunicación.
Según el diputado, la ley afectará a algunos medios de comunicación, al hacer que reciban menos dinero en concepto de publicidad, y esto podría generar que Morales, quien cobró fama en la televisión abierta, reciba presiones para vetar la normativa.
Reunidos con el Presidente Jimmy Morales y Rachid Talbi, Presidente de la Cámara de Representantes de Marruecos. pic.twitter.com/x3nm3CSx0k
El vocero presidencial, Heinz Heimann, afirmó que el Ejecutivo no ha recibido el Decreto 26-2016, por lo que señala que "no se puede hablar de vetar, ni sancionar la ley".
Las declaraciones de Taracena y Heimann fueron vertidas luego de una reunión con Morales en el Palacio Nacional de la Cultura, que aparentaba ser cordial, en la que dialogaron con diputados de Marruecos.
El mandatario @jimmymoralesgt se reúne con el presidente de la Cámara de Representantes el Sr. Rachid Talbi Alami. pic.twitter.com/IYJgLxAHVJ
Minutos después, en una entrevista en Emisoras Unidas, Morales le respondió a Taracena y dejó entrever que la ley podría ser vetada, aunque señaló que va "a convocar a un diálogo con diversos sectores" antes de tomar una decisión, aunque no precisó cuándo efectuará estas reuniones, ni quiénes participarán en ellas.
En caso de que Morales vete la ley, el Congreso podría rechazar la decisión presidencial si cuenta con el respaldo de 105 diputados, como ocurrió con las reformas al Código Penal que castigan con prisión de hasta tres años a quienes no asistan a las citaciones de los parlamentarios.
Morales rechazó esa normativa y días después el Congreso la reanimó, por lo que el Ejecutivo accionó ante la Corte de Constitucionalidad, pero los Magistrados recién estrenados rechazaron el recurso.
