Nuestro sistema judicial sufre el ataque de un gran “virus” desde el preciso momento en que se aprobaron las “urgentes” reformas constitucionales de 1993 por un Congreso de la República señalado de corrupto e ineficiente.
En ese entonces, en cuestión de ocho meses se “renovó” el Congreso y se “seleccionó” nueva Corte Suprema de Justicia, nuevo Contralor General, nuevo Procurador General de la Nación, nuevo Fiscal General. En aquel momento, “toda” la sociedad se precipitó, sin pensar, en apoyar esas reformas que fueron hechas para resolver los problemas de los “otros”.
Ese “virus” se llama hasta hoy “corrupción” y los “otros” son los copadores del Estado. A raíz de ello, los tres poderes del Estado, sus instituciones centralizadas y descentralizadas, las municipalidades, todos quedaron a merced de los corruptores, y la corrupción, entonces, se volvió una realidad en las dos vías.
Veinticuatro años después, la “urgencia” vuelve a tocar las puertas del Estado para iniciar un nuevo proceso de reforma constitucional. Este nuevo proceso arranca con la vergonzosa sumisión de los presidentes de los tres poderes del Estado quienes llaman a un “diálogo” nacional sobre una propuesta elaborada por sujetos que no están legitimados constitucionalmente para proponer una reforma constitucional.
Los tres presidentes “nombran” a una Secretaría Técnica e impulsan los diálogos regionales únicamente en siete de los 22 departamentos, llevados a cabo en un solo día —¡qué poca seriedad para una reforma constitucional!—. Después se desarrolla la Mesa Nacional de Diálogo para que finalmente esa Secretaría Técnica, nuevamente por “nombramiento” de los tres presidentes, elabore el proyecto que habrá de presentarse al Congreso de la República.
Los tres sumisos presidentes hacen un nuevo show mediático el 5 de octubre de 2016, entregando al Congreso una propuesta de reformas que no es propia (múltiples publicaciones y declaraciones afirman que son las propuestas generadas por la PDH, el MP y la CICIG), para que luego 48 diputados —miembros de un Congreso señalado de corrupto e incapaz, con varios de sus integrantes con procesos de desaforo; ¡sí!, ¡un Congreso similar al de las reformas aprobadas en 1993!— asuman como propia la propuesta de reforma constitucional.
Así se consuma un largo proceso de prestanombres y de fraude constitucional en esta reforma, impulsada por la “urgencia” de aprobarla así por así.
La reforma constitucional es importante, es necesaria, y requiere de la simbiosis de todos los ciudadanos guatemaltecos, de que se escuche y se tome en cuenta la diversidad y la divergencia, que no se criminalice el pensar diferente y que dejemos de ser conejillos de indias para experimentar las necesidades de los “otros” y de los nuevos copadores.
¡Sí! a la reforma constitucional, pero ¡no así! como la de 1993, nacida de la “urgencia” para consolidar la corrupción. Los guatemaltecos no podemos seguir siendo prisioneros de los “otros” de siempre, ni de los “otros” de ahora. Antes que la reforma constitucional debe reformarse el sistema político, para eliminar de tajo el monopolio de los partidos políticos que han sido propiedad de los “otros” y cuyo modelo clientelar y corrupto está siendo copiado por los “otros” de ahora. ¡Vamos Guatemala Libre!
Las opiniones de las columnas son responsabilidad de su autor, no de Soy502
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