El tiempo se ha agotado y la consulta pública para decidir si el diferendo territorial entre Guatemala y Belice es trasladado a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ya no podrá celebrarse el 25 de octubre, tal y como se tenía pensado.
En un principio, se pensó en esa fecha para hacerla coincidir con la segunda vuelta electoral y así ahorrar costos. Sin embargo, la iniciativa se quedó pendiente de aprobar en el Congreso de la República y este 25 de julio excedió el plazo de tres meses que exige la ley para poder hacer una convocatoria.
El artículo 196 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) señala que "la convocatoria a consulta popular se dictará con una anticipación de no menor a 90 días".
"Haciendo coincidir las dos votaciones se estaría ahorrando entre 400 y 500 millones de quetzales al Estado, según estimaciones del Tribunal Supremo Electoral", según explicó en varias ocasiones el canciller Raúl Morales.
Después de que el acuerdo especial fuera firmado el 25 de mayo, el ministerio de Relaciones Exteriores entregó al Congreso la iniciativa para que fuera aprobada. "Mantuvimos reuniones con los jefes de bloque a comienzos de junio y un mes después seguimos sin la aprobación", señaló el canciller.
De esta forma habría que esperar y replantear una nueva fecha suponiendo un costo adicional. Con la modificación en el acuerdo especial, se estableció que ambos países podían realizar la consulta independientemente.
El asunto en el Congreso
La sesion extraordinaria del Congreso del pasado jueves 23 de julio tenía el conocimiento de este asunto entre la orden del día. No obstante nunca la llegaron a conocer.
"Está mal planteado en el Congreso y en estos momentos de coyuntura no se puede anteponer a otros asuntos de mayor relevancia", afirmó el diputado de la UNE, Mario Taracena y expresidente de la comisión de relaciones exteriores del hemiciclo.
Según el diputado, tan sólo se está alargando el proceso porque "ellos no quieren dejar de pertenecer a la comunidad británica" y destaca una serie de obstáculos para no perder esos beneficios que tienen por parte europea como: pasaporte, salud o educación.
Mario Taracena, UNE, dice que el tema de Belice no es tema de partidos, sino de Estado, en relación al tema de la consulta @soy_502
Además, identificó una ley beliceña en la que su consulta popular deberá superar la participación del 60% del padrón registrado y de aprobación si no el resultado se puede anular. "Guatemala no debe seguir un juego donde no se están respetando las reglas", puntualizó queriendo recalcar que el tema en el Congreso "está muerto".
Referendo público en Belice
El país vecino tampoco ha decidido una fecha para su consulta popular. El canciller Morales aseguró haber tenido conversaciones con su homólogo beliceño, Wilfred Elrington, y garantizó que estarían viéndolo para el año entrante.
Esa es otra de las razones que recordó Taracena. "Ya sabemos que no lo van a hacer", recalcó.
