Los ex jefes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Omar Franco y Carlos Muñoz, fueron ligados a proceso junto a los 22 sindicados por su supuesta participación en la estructura que realizó una millonaria defraudación al fisco, según investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
De los 22 señalados, 16 fueron enviados a prisión por resolución de la jueza Marta Sierra de Stalling, que presidió una maratónica audiencia de primera declaración que duró dos días. Otras seis personas recibieron medida sustitutuva, entre ellos Francisco Javier Ortiz, alias Teniente Jerez, quienes recibieron medidas sustitutivas de Q200 mil a Q300 mil quetzales.
Durante la diligencia judicial, el MP presentó más de 20 escuchas telefónicas en las que hizo ver la conexión entre los sindicados y su conspiración para cobrar impuestos a través de cobros ilegales a importadores en la aduana Puerto Quetzal, en Escuintla.
Según el MP, los altos mandos de la estructura llamada "La Línea" se habrían beneficiado con hasta Q40 millones por los cobros ilícitos.
Critican a CICIG
Los abogados defensores de los acusados criticaron a la CICIG, indicando que la entidad está a punto de dejar el país si el Gobierno no renueva el mandato, por lo que “necesitaba el caso”, y creen que todo se trata de un “show político”.
¿Y la Intendente de Aduanas?
Los defensores también cuestionaron al MP por no procesar a la Intendente de Aduanas, Claudia Méndez, quien según el gerente de Recursos Humanos, ahora sindicado, es la encargada de realizar los trasladados de puestos.
Al gerente de RRHH la fiscalía lo sindica de realizar traslados de personal para favorecer a la estructura.
La fiscalía afirma que no tiene ninguna evidencia de la participación de Méndez, aunque no se descarta pedirle declaración sobre el tema.
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