La ministra de Gobernación, Eunice Mendizabal Villagrán, está rodeada de familiares en las oficinas de la cartera: al menos ocho parientes integran su red de nepotismo.
Los viceministros de la entidad, Elmer Sosa Guas y Pahola Ovalle Cabrera no se quedan atrás: cada uno ha colocado por lo menos a un familiar.
En total, se cuentan por lo menos 10 plazas otorgadas a los parientes cercanos de las más altas autoridades, cuyos ingresos exceden los 100 mil quetzales al mes y suman 1.98 millones de quetzales anuales.
El clan Mendizábal
La Unidad Especial Antinarcóticos (UNESA) --que estaba bajo la responsabilidad directa de Mendizábal Villagrán, mientras ésta fungió como viceministra antinarcóticos, a partir del año 2012-- es el nicho que Mendizábal Villagrán reservó para su clan.
La mayoría de familiares de la ministra y los viceministros fueron contratados como "Técnicos profesionales" y reciben sueldos que oscilan entre los ocho mil y 29 mil quetzales al mes.
Mientras tanto, los parientes de los viceministros Sosa y Ovalle están contratados como técnicos profesionales y reciben cada uno un salario de ocho mil quetzales. El viceministro Sosa contrató a su hijo, Fernando Antonio Sosa Soto, mientras la viceministra Ovalle contrató a su hermano, Edgar Rolando Ovalle Cabrera.
El "primo" con antecedentes
Varios de los parientes contratados no tienen el bagaje académico ni la experiencia profesional para desempeñarse en el Ministerio de Gobernación. El caso más notorio de falta de idoneidad es el del primo de la ministra Mendizábal, Mariano Romeo Mejicano Villagrán, a quien le aparece una larga lista de antecedentes policíacos, donde destacan las acusaciones de abusos deshonestos violentos (con fecha 10 de junio de 2002, en Retalhuleu) y abusos deshonestos continuados (con fecha 24 de julio de 1983, en Suchitepéquez).
Mejicano Villagrán cuenta además con dos reportes por portación de arma blanca (uno en 1983 y el otro en 2002), un incidente de portación ilegal de arma de fuego, en 1983 y una acusación de responsabilidad de conductores, ocurrida en 2002 en Retalhuleu.
Redes operan en todo el Estado
El activista Alvaro Montenegro, de #JusticiaYa, opinó que el gobierno de Alejandro Maldonado debió renovar a la mayor parte de funcionarios que trabajaron cerca del ex presidente Otto Pérez Molina, porque existen serias dudas acerca de su honestidad.
Asimismo, añadió que el pacto de jueces "Manos Limpias" busca transparentar quiénes son los parientes de los juzgadores que trabajan en todo el Estado para visibilizar este tipo de redes que pueden traducirse en tráfico de influencias. "Sería bueno que esto se hiciera a nivel de todo el gobierno, pues esta clase de téntaculos existen en todos lados. Hemos aprendido que así opera la corrupción".
Montenegro señaló que los parientes de funcionarios como alcaldes, diputados o jueces ni siquiera tienen que estar en la misma institución, pues muchas veces se otorgan plazas en diferentes entidades como pago de favores políticos, lo que permite a los corruptos extender sus brazos de influencia y poder en varias dependencias.
La abogada Ana Lucía Alejos, de Fundación Denuncia Guatemala (en formación) comentó que el "nepotismo debería ser inaceptable y severamente castigado". Añadió que es una "burla al pueblo de Guatemala" que el presidente Maldonado conserve funcionarios sobre quienes existen señalamientos graves. "Esto es corrupción", indicó, "especialmente cuando hay sueldos inmerecidos y gigantescos". La abogada hizo un llamado al Ministerio Público para que investigue y deduzca las responsabilidades correspondientes.
