La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) está dispuesta a investigar quiénes y con qué intereses financian la política en el país durante el tiempo que le queda de mandato a esa misión, que concluye en septiembre de 2015.
El anuncio lo hizo días atrás el fiscal colombiano Iván Velásquez, jefe de la instancia de las Naciones Unidas instalada en el país por mutuo acuerdo con el Estado guatemalteco, al indicar que los dos "grandes desafíos" de su gestión serán investigar a las mafias que operan en el sistema de aduanas y los mecanismos de financiación de los partidos políticos.
"No es necesario decir con todas sus letras que existen sustentadas evidencias de que grupos del crimen organizado están detrás de los partidos políticos", y por ello el interés de Velásquez de desvelar esos "grandes secretos", dijo a Efe un diplomático cercano a la Cicig.
Durante las campañas electorales los partidos guatemaltecos gastan sumas millonarias en propaganda, logística, movilización y dádivas para los electores, sin informar sobre el origen de los recursos. Sólo en la campaña del 2011, se estima que los partidos políticos gastaron Q637.4 millones, según estimaciones de la organización Acción Ciudadana.
Acción Ciudanana estima que el financiamiento privado prevalece sobre el de origen público (establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos), ya que otorgó a las organizaciones políticas el 97.6% de los ingresos recibidos, mientras que el segundo fue del 2.4%.
Velásquez dijo a los periodistas que la Cicig ha recibido sobradas denuncias de grupos de la sociedad civil sobre la supuesta relación entre grupos del crimen organizado y los partidos, que, entre otras, pretenden promover y garantizar la impunidad para continuar delinquiendo.
Las investigaciones, precisó el jefe de la comisión, abarcarían a funcionarios públicos, diputados, alcaldes y líderes nacionales y departamentales de los partidos políticos del país.
"Hay muchos temas que se han mencionado en relación a esto, que se alude de forma permanente. Cíclicamente es conveniente investigar", dijo Velásquez.
Sin embargo, ante el anuncio de estas investigaciones el presidente del país, Otto Pérez Molina, y la vicepresidenta Roxanna Baldetti indicaron que la Cicig no tendrá tiempo para tareas de esa envergadura.
El mandato de la Cicig en Guatemala concluirá en septiembre de 2015, unos cuatro meses después de iniciada la campaña para las elecciones generales y dos meses antes de la celebración de los comicios.
Baldetti, quien a su vez es la secretaria general del gobernante Partido Patriota (PP), el que según cálculos de organizaciones sociales gastó al menos Q215 millones en la campaña electoral de 2011, dijo que si la Cicig inicia nuevas investigaciones no le daría tiempo a culminarlas.
En cambio, señalaron Pérez Molina y Baldetti, lo que la comisión debe hacer en el tiempo que le queda es trasladar sus experiencias y conocimientos a la Fiscalía General del país, lo cual es parte de sus obligaciones.
Lo que le interesa al Gobierno, dijo el mandatario, es que las capacidades de la Cicig queden instaladas en las instituciones guatemaltecas, en lugar de iniciar nuevas investigaciones con tan poco tiempo por delante.
La oposición del Gobierno no inmutó a Velásquez, quien insistió en que sí es posible adelantar las investigaciones sobre la financiación de los partidos políticos y cuestionó el argumento sobre el escaso tiempo de vida de la Cicig.
"Creo que el tiempo ha sido utilizado en muchas ocasiones como pretexto para no combatir la impunidad, sin importar efectivamente el tiempo que se disponga para ello", señaló.
De concretarse estas investigaciones, desvelar los nombres de las personas y grupos que financian la política en Guatemala, así como los intereses que les motivan a desembolsar cifra millonarias a los partidos, podría ser el más valioso apoyo de la Cicig en el país al que algunos llaman, de la "eterna impunidad".
La Cicig ante el reto de descubrir quién financia a los partidos en Guatemala http://t.co/DGchMBd4HP
