El expresidente Otto Pérez Molina, acusado de liderar una red de corrupción en la Portuaria Quetzal, afirmó que hay "una mala intención" para involucrarlo en delitos de corrupción que no tienen "sustento" y que "son una mentira", pero en su declaración de casi una hora se reflejan más dudas en relación a la investigación presentada por el Ministerio Público (MP) y la versión del testigo protegido Juan Carlos Monzón.
Pérez Molina negó haber instruido a Monzón para negociar comisiones, pero según la fiscalía el exfuncionario, ingresó a la red durante las negociaciones en lugar de Guillermo Lozano, íntimo colaborador de Pérez Molina y piloto aviador de campaña.
El contrato, que se firmó un Miércoles Santo del 27 de marzo de 2013, en medio de señalamientos de irregularidades, incluía una comisión de 30 millones de dólares para los gestores nacionales e internacionales, según la investigación, algo que defendió Pérez Molina porque como Presidente "no se tenían descansos".
El exmandatario, a cuatro años de la firma del usufructo y que por tanto tiempo defendió, pasó a reprocharlo al indicar al juez Miguel Ángel Gálvez que "lo que hicieran con TCQ le venía flojo".
No recibió dinero
Pérez Molina también negó haber recibido dinero por parte de este contrato, lo que contrasta con la versión de Monzón quien afirmó que al menos 4.2 millones de dólares recibió cada uno de los exmandatarios. Con el dinero para el expresidente se habrían comprado bienes y lanchas a nombre de otras personas.
Finalmente atacó a los otros 22 usufructos del Puerto Quetzal y exigió a la fiscalía los investigue porque con ello "desarmarían el Puerto".
