El proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para 2016 contempla un financiamiento de 14 mil millones de quetzales, de los cuales, 12 mil millones son de bonos del tesoro. El proyecto de Presupuesto no cambia nada: lleva casi los mismos gastos, recortes muy pobres y acepta que no podrá captar más impuestos que los de este año.
Los analistas consideran que es un presupuesto diseñado para no ser aprobado, pero ¿qué pasará si efectivamente el Congreso no aprueba el Presupuesto para el 2016? ¿Cómo enfrentará el nuevo Gobierno la baja recaudación tributaria para iniciar el año con números rojos?
El economista Hugo Maúl, analista del Centro de Investigaciones Económicas y Nacionales (CIEN), explicó que aprobar este presupuesto implicaría una burla al pueblo de Guatemala, pero no hacerlo haría que el Congreso tenga en sus manos al nuevo Gobierno.
Preocupantes proyecciones
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) publicó un análisis sobre el Presupuesto y destacó que ningún proyecto político tiene una idea clara de cómo resolver el problema de la Superintendencia de Administración Tribtuaria (SAT).
Cabría recordar que la SAT continúa con Jefe Interino y el actual ministro de Finanzas, Dorval Carías, ya presentó su carta de renuncia señalando que bajo las condiciones actuales (políticas y financieras) es “complicado trabajar”. La proyección del Presupuesto contempla que se recaudarán 1 mil 500 millones de quetzales, pero ICEFI cuestiona que pueda lograrse.
Quiere decir entonces que el tema de la SAT lo deberá resolver el próximo ministro o el nuevo Gobierno.
El ICEFI recomienda que la ciudadanía demande que este proyecto se discuta en la Comisión de Finanzas, permitiendo la participación de otras instituciones para la elaboración de un dictamen que pueda favorecer al nuevo Gobierno.
Además, se expone que para el 2016, el Listado Geográfico de Obras podría verse vulnerable a corrupción, es decir, alrededor de 13 mil millones de quetzales, así como los rubros de compras de alimentos, medicamentos, combustibles, fertilizantes, arrendamientos, armas, entre otros. “Esto podría resolverse si se reforman la Ley de Probidad y la de Compras y Contrataciones”, señala el comunicado de prensa del ICEFI.
