La mecha de esta bomba la encendieron el pasado viernes 28 de noviembre los dirigentes del Partido Patriota (PP) y las bancadas de Libertad Democrática Renovada (Lider) y Todos, al aprobar el presupuesto más alto de la historia, que no tarda en detonar críticas y protestas.
Con un monto de 70 mil 600 millones de quetzales, el Presupuesto para 2015 fue aprobado incluyó un nuevo impuesto a las telecomunicaciones, el cual cobrará 5 quetzales mensuales por cada línea de teléfono. Además se aumentó el costo la distribución de cemento, de 1.50 a 5 quetzales por costal.
Se contemplan asignaciones confusas, como la del ministerio de Comunicaciones que contará con un aporte adicional de 1 mil 965 millones de quetzales,catalogada por Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) de anómala.
Para financiar dicho traspaso, se recortaron al Organismo Judicial 164 millones de quetzales y a la Superintendencia de Administración Tributaria otros 180 millones de quetzales. Se retiran 730 millones del Ministerio de Desarrollo Social y se reducen 1 mil 162.4 millones que eran para el pago de deuda.
Disgusto empresarial
Javier Zepeda, director Ejecutivo de la Cámara de la Industria, comentó que llama la atención la celeridad con que fue aprobado el Presupuesto, sin candados y sin mostrar un ápice de claridad en la transparencia del gasto.
La Cámara de la Construcción anunció que se pronunciará este lunes 1 de diciembre respecto del incremento a la distribución del cemento. Por otro lado, Zepeda adelantó que las gremiales de empresas de telecomunicación y minería se reunirán para realizar un análisis sobre la legalidad de los nuevos impuestos.
Una bomba de tiempo
Jonathan Menkos, director del ICEFI, detalló que una de las preocupaciones principales estriba en el artículo 56, el cual dicta que los Consejos Departamentales de Desarrollo pueden suscribir, de nueva cuenta, convenios de inversión con ONGs, pese a que esto ya estaba prohibido.
Además se anulan los mecanismos de transparencia como la emisión de Constancias de Disponibilidad Financiera (CDF), es decir que las instituciones del Estado podrán contratar servicios sin tener la capacidad de pago requerida, lo cual incrementaría la deuda flotante que tanto se le cuestionó al ministerio de Comunicaciones.
Menkos detalló que por nuevos impuestos ingresarían a las arcas del Estado 2 mil 270 millones de quetzales, pero por los retrocesos en las medidas de transparencia se compromete la legitimidad de estas fuentes de ingresos.
Aportes constitucionales
Menkos explicó que existe una ambigüedad dentro del contenido del Presupuesto ya que no se detallan los aportes constitucionales que el Estado debe realizar a instituciones como la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
Además, tampoco se explica si se realizó el incremento anual contemplado en el convenio suscrito entre el Gobierno y el Magisterio. De lo contrario, el ICEFI anticipa problemas de gobernabilidad para el próximo año.