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Tras la denuncia que cinco abogados presentaron este viernes contra los políticos Sandra Torres y Gustavo Alejos, el Comité Ejecutivo de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) emitió un comunicado en el que manifiesta que estas acusaciones no son ciertas y que iniciaron las investigaciones pertinentes para saber cómo responder legalmente.
Los juristas sindican a Torres de asociación ilícita y piden que se la cite a declarar. Según el documento presentado, se habrían utilizado Q120 millones de quetzales en una empresa y testaferros para adquirir propiedades en la capital y otros departamentos como Jutiapa, Retalhuleu y Quetzaltenango.
El licenciado en derecho Melvin Portillo indica que estos recursos provenían de fondos estatales.
