La Policía Nacional Civil (PNC) desalojó de manera violenta y con gases lacrimógenos a un grupo de pobladores, en su mayoría mujeres y activistas ambientales, que impedían el paso del personal del proyecto minero El Tambor, en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.
Desde tempranas horas un grupo de agentes antimontines esperaba la orden judicial para retirar a los inconformes, pese a que existe un proceso de diálogo desde el 2012.
La PNC lanzó gases lacrimógenos para dispersar a las personas, varios resultaron heridos entre ellos dos mujeres, Eva María Álvarez y María del Rosario Rosales, que reciben asistencia médica en el Hospital San Juan de Dios.
Los bomberos tuvieron dificultades para ingresar, pues la policía no lo permitía.
La PNC también informó de nueve lesionados entre ellos el jefe de operaciones de la comisaría 12 Feliciano Cruz, presentan golpes y algunos intoxicados por los gases lacrimógenos.
Este es el relato de la líder de la resistencia pacífica, Yolanda Oquelí, quien temía por la seguridad de mujeres que estaban acompañadas por sus hijos menores en la resistencia pacífica:
Una de las mujeres que fue golpeada en el desalojo también relató lo ocurrido:
Diálogo fracasó
Según Miguel Balcárcel, director del Sistema Nacional de Diálogo, los pobladores de La Puya fueron quienes decidieron no continuar con el diálogo debido a que no se aceptaron las condiciones que ellos impusieron.
Balcárcel, dijo que uno de los acuerdos alcanzados era que los pobladores recibirían una presentación del equipo técnico de los ministerios de Salud, Ambiente y Energía; con el fin de explicarles los resultados y comenzar de ahí con una hoja de ruta; sin embargo, la reunión no se realizó. “Cuando ellos llegaron, querían ingresar a puro chaleco sus cámaras y grabar todo; se les dijo que no, que las normas de la Casa Presidencial lo impedían; dijeron que por la transparencia lo hacían, se les dijo que no y se marcharon”.
El funcionaro indicó que posteriormente ellos propusieron que dicha presentación se hiciera en el parque central de San José del Golfo, a lo que las autoridades se opusieron y “el diálogo se rompió”. Empresa está en Ley Según Barcárcel la empresa tiene todos su trámites en Ley, y reclaman el ejercicio de sus derechos y así como lo hicieron hace unos días (tratar de ingresar), lo hicieron este viernes con el “auxilio de las fuerzas de seguridad”.
“Lo que entiendo es que hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad que dicta que le corresponde al Ministerio de Gobernación garantizar los derechos de libre locomoción y por el ejercicio de los derechos que tiene la empresa”.
El desalojo se convirtió rápidamente en tendencia en la red social Twitter, donde se reportaba la tensa situación que se vive en el lugar:
