Treinta años de prisión por cada una de las 37 víctimas (1 mil 110 años) de la masacre en la embajada de España en Guatemala, en 1980, fue la pena que solicitó la fiscalía en contra del exjefe policial Pedro García Arredondo, único acusado por el caso.
La petición fue planteada por el Ministerio Público (MP) en la etapa de conclusiones del juicio en contra del exjefe de la Policía Nacional, en la que, además, exigió al Tribunal B de Mayor Riesgo una pena similar por dos intentos de homicidio, incluido el del exembajador español, Máximo Pérez y Cajal.
La pena responde a que, según el MP, el ataque a la sede consular se llevó a cabo con "planificación" y "coordinación" por parte del comando a cargo de García Arredondo.
El juicio se inició el pasado 1 de octubre por el asalto que las fuerzas de seguridad del régimen del presidente de Guatemala en aquel momento, Fernando Romeo Lucas García, efectuaron a la embajada española, tras ser ocupada por campesinos.
En la acción murieron 37 personas, entre ellas el cónsul español Jaime Ruiz del Árbol, los empleados de la delegación Luis Felipe Sanz y María Teresa Vázquez y el exvicepresidente guatemalteco Eduardo Cáceres Lehnhoff.
