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La Procuraduría General de la Nación pidió, en la denuncia penal contra M Tarcic Engineering, que también se investigue a los funcionarios que no solicitaron el estudio de impacto ambiental de la fórmula con la que se pretendía limpiar el lago de Amatitlán.
La denuncia de la Procuraduría General de la Nación también incluye la solicitud de que funcionarios que no pidieron el estudio de impacto ambiental sean investigados.
Esto podría incluir a las autoridades de la Autoridad para el Manejo de la Cuenca del Lago de Amatitlán (Amsa), Ministerio de Ambiente, el Secretario del Gabinete de Agua, Pablo González e, incluso, a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
PGN también confirmó que los técnicos del Ministerio de Ambiente y de la misma PGN se opusieron a la continuación del proyecto de limpieza del agua cuando González realizó la presentación del mimo, pero no fueron escuchados.
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En la denuncia contra la empresa que tendría que realizar la limpieza del lago se puede leer que “no se tuvo evidencia que el proveedor haya realizado alguna prueba que garantizara la efectividad del producto y que no afecte el medio ambiente, así como no fuera dañino para la salud, previo a su adquisición“.
Amsa ya hizo requerimiento a la empresa M Tarcic para que devuelva los Q22 millones. Tiene hasta mañana para cumplir, vía @JmVegaSoy502
— Soy 502 (@soy_502) Mayo 19, 2015Amsa ya hizo el requerimiento a M Tarcic Engineering para que devuelva los 22 millones de quetzales que ya había cancelado. Tiene hasta este miércoles para hacerlo.
Contratos de Aeronáutica en la mira
Por aparte, dos contratos firmados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) quedaron sin efecto. Se trata de los dos que la mañana de este martes mencionó el presidente Otto Pérez Molina que habían encontrado anomalías.
PGN declara lesivo contrato de arrendamiento de parqueo en el aeropuerto. DGAC debe dar por terminado el contrato, vía @JmVegaSoy502
— Soy 502 (@soy_502) Mayo 19, 2015El de arrendamiento del parqueo público del aeropuerto internacional "La Aurora" fue declarado lesivo, porque el Estado perdería cerca de 49 millones de quetzales por haberlo firmado. Por ello, quedó sin efecto y la DGAC deberá administrar de nuevo el lugar.
Las empresas que perdieron la licitación presentaron esta denuncia. Finalmente, el contrato otorgado a TASA fue declarado nulo.
El otro contrato se declaró nulo. Se trata del de distribución de combustible para los aviones en el interior del aeropuerto. PGN recomienda que la licitación, ganada por la empresa Terminales del Atlántico (TASA), se repita. Mientras tanto, los contratos de Chevron y Puma Energy se han extendido para que no terminen, como estaba previsto, el 4 de junio y con ello se garantice el suministro del combustible en la terminal aérea.
Esto es parte del comunicado de la empresa TASA, que fue la ganadora de la licitación que la PGN ha recomendado que se repita.
El interventor de la DGAC, Jair Samayoa, que ha defendido estos dos contratos, no contestó las llamadas telefónicas para saber su opinión sobre la decisión de la PGN. Mientras tanto, la empresa TASA emitió un comunicado donde se explica que el contrato que firmaron cumple con todos los requisitos y que ya empezaron a construir el centro de almacenamiento de combustible para cumplir con lo pactado. Además, aseguraron que no han sido notificados de ninguna suspensión o cancelación del contrato.
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