En un informe enviado al Congreso de la República, la Procuraduría General de la Nación (PGN), señala que el incremento salarial del 10% anual, así como otros beneficios para los trabajadores del Congreso, resultan perjudiciales para el Estado de Guatemala.
"El incremento salarial del 10% anual y algunos bonos, resultan perjudiciales para el Estado de Guatemala, en virtud que causa un alto impacto financiero al Estado y comprometen seriamente su precaria situación financiera", resalta el documento firmado por la titular de esta entidad María Eugenia Villagrán.
En el texto se establece que la PGN "procederá a plantear las denuncias penales contra las personas que resulten responsables", debido a que los funcionarios del Organismo Legislativo y del Ministerio de Trabajo que intervinieron en el proceso para suscribir el pacto colectivo tuvieron que haber sustentado “técnica, financiera y jurídicamente” los beneficios económicos.
El expresidente del Congreso que firmó el pacto colectivo, Jorge Méndez Herbruger, sostiene que "no hubo ilegalidad alguna", por lo que dice estar dispuesto a enfrentar cualquier denuncia que se pueda plantear en su contra.
En tanto que el Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Congreson (SINTRACOR), Alfredo Tumax, considera que el Estado ha incurrido en ilegalidades, debido a que "ha incumplido con el pacto colectivo en varios puntos, como otorgar un uniforme anual".