Dolor, pena y disgusto han invadido el corazón de 11 familias guatemaltecas en las últimas semanas luego que uno de sus integrantes falleciera de peritonitis. El denominador común de estas pérdidas es que se trata de pacientes renales crónicos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), tema que ha sido condenado por la Procuraduría de Derechos Humanos.
La Magistratura de Conciencia emitió este miércoles una resolución en la que se asegura, tras una evaluación, que el Seguro Social viola el “derecho humano a la vida y a la salud de los afiliados y beneficiarios” que requieren el servicio de diálisis peritoneal continua ambulatoria.
En el documento firmado por el titular de la PDH, Jorge de León Duque, se adjudica la responsabilidad de tal falta a la Junta Directiva del IGSS y a la Droguería Pisa de Guatemala, Sociedad Anónima, por el cuestionado contrato que se pactó recientemente entre ambos para la atención de los pacientes que requieren de diálisis peritoneal continua ambulatoria.
Los pacientes exigen que se les regrese al tratamiento otorgado por la empresa Medicina Corporativa de Diálisis, el cual se cambió luego que en septiembre de 2014, el IGSS adjudicara a Droguería Pisa un contrato por más de 116 millones de quetzales para realizar al menos 2.6 millones de tratamientos de diálisis peritoneal.
Representantes de las 11 familias afectadas acudieron esta mañana al Ministerio Público para presentar una denuncia en contra del IGSS y de Pisa por los delitos de homicidio culposo, incumplimiento de deberes, fraude y abuso de autoridad.
Por aparte, los directivos del IGSS solicitaron el pasado lunes 11 de mayo que se someta a análisis el líquido utilizado por Pisa para las diálisis para respaldar la calidad del mismo.
En lo que va del año se han registrado 11 muertes por peritonitis entre los pacientes del IGSS, mientras que durante todo 2014 se reportaron 14. Asimismo, la PDH dio a conocer que un total de 91 personas que reciben el servicio de Pisa han padecido la enfermedad en mención.