La Procuraduría de Derechos Humanos presentó tres denuncias en contra de las autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por acciones que han perjudicado a los pacientes de la entidad.
Los tres expedientes abordan la violación al derecho humano a la salud y un comportamiento administrativo lesivo por parte de los integrantes de la Junta Directiva del Seguro Social que guardan prisión preventiva por su supuesta vinculación al caso de fraude en el contrato entre la institución y Droguería Pisa.
Se trata de Juan de Dios Rodríguez, Max Qüirín, Julio Suárez, Erwin Castañeda y Julia Lotón a quienes la Magistratura de Consciencia señala como los responsables de las violaciones al derecho a la salud.
La Procuradora Adjunta I de los Derechos Humanos, Claudia López explicó que una de las resoluciones aborda la prorroga de algunos contratos, impidiendo así la posibilidad de “contar con mejores productos y un abastecimiento regular de medicamentos e insumos”.
Lo anterior se debe a que la Junta Directiva insistió en continuar los contratos en 2014, pese a que en 2013 se sostuvo una reunión con la Contraloría General de Cuentas, Ministerio de Finanzas y Salud, para abordar la necesidad de abrir nuevos eventos a raíz de algunas denuncias de incumplimiento por parte de proveedores.
El señalamiento de los contratos se extiende a la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas, según el documento entregado por la PDH al Ministerio Público.
La denuncia por desabastecimiento se basa en 127 expedientes que ha recibido el ente durante este 2015, por parte de afiliados que argumentan maltrato por parte del personal del Seguro Social.
Así también, López indicó que se declaró la violación a los derechos humanos de la población que vive con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) por el “constante” desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales en las farmacias del IGSS.
Además de requerir la investigación de los responsables, la PDH extendió varias recomendaciones que buscan prevenir la falta de medicamentos, las dificultades de acceso a la salud a través de una mejor coordinación interinstitucional y la adopción de una planificación anual; así como talleres de capacitación para el personal del Seguro Social.