La carencia de transparencia, los fondos de dudosa procedencia y las dificultades que afronta el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para fiscalizar el financiamiento de los partidos, fueron los principales temas abordados en un foro organizado por analistas políticos.
Los expertos explicaron que la legitimidad del sistema democrático se ve minada por la concentración de los recursos en pocas agrupaciones y la opacidad con la que los partidos gestionan y administran sus fondos.
Marvin Flores, de Acción Ciudadana, indicó que aunque la Ley Electoral y de Partidos Políticos proporciona herramientas para la fiscalización, las organizaciones políticas han cambiado su forma de recabar y operar su financiamiento, frenando así, la labor de fiscalización del TSE.
Respecto a los métodos para evadir el control en el gasto de campaña, el magistrado suplente, Estuardo Gamalero, aseguró que se ha implementado el uso de asociaciones y fundaciones para promover los mensajes y la imagen de los partidos.
Estas prácticas impiden conocer el gasto real de campaña debido a que el TSE únicamente tiene potestad en temas electorales.
En ese marco, Gamalero hizo un llamado al sistema bancario a cumplir con trasladar los reportes correspondientes a la Intendencia de Verificación Especial.
El director de Gestión Pública del Comité Coordinador de Asociaciones, Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Phillip Chicola, resaltó que ese tipo de artimañas responden a la búsqueda de “jugarle la vuelta” a un Tribunal que se ha puesto duro”, ya que este puede sancionar partidos y candidatos, mas no asociaciones o personas particulares.
El analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), José Carlos Sanabria, enfatizó que se desconoce el monto de lo gastado por partidos en campaña anticipada y que esto se debe a que estos recurren a fuentes dudosas fuera del proceso electoral debido a que los ingresos tradicionales merman.
Flores destacó que tras el análisis de los ingresos económicos de los partidos, se puede establecer que el costo de cada voto en Guatemala es de 10 dólares, uno de los más elevados de la región.
