La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) se dieron a la tarea de cazar las plazas fantasma del Congreso, es decir a quienes cobraban un salario sin llegar a trabajar.
Sin embargo, hay otro tipo de plazas en este organismo: los empleados que marcan su entrada y su salida, pero durante su jornada no tienen nada por hacer.
Hoy se dará un paso muy importante para el Congreso de la República. Desde ya anticipo días difíciles por esta acción.
Los registros de la Dirección de Recursos Humanos dan cuenta que el Congreso tiene a 24 empleados "en disponibilidad", cada uno devengando un salario de entre 8 mil 800 y 33 mil 365 quetzales.
A esto debe sumársele que 16 trabajadores que fueron destituidos a inicio de año fueron reinstalados por orden judicial y aunque se les paga, no han sido asignados a ninguna área del Legislativo.
Las renuncias de los diputados Selvin García y Julio López Villatoro provocaron que los empleados a su cargo quedaran sin qué hacer. García tenía a dos empleados contratados bajo el renglón 022, cuyos contratos vencen a fin de año, que reciben 7 mil y 10 mil quetzales al mes.
López Villatoro tenía a tres empleados 011, cuyos contratos son por tiempo indefinido, que ganan entre 9 mil 950 y 18 mil 215 quetzales al mes y un 022 que devenga un salario de 15 mil quetzales.
En la planilla del Congreso también se incluye a 12 empleados para atender los despachos de los dos sindicatos más grandes de este organismo (STOL y SINTRACOR) quienes ganan entre 5 mil 692 y 33 mil 267 quetzales al mes.
El Secretario Ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Luis Felipe Linares, afirma que un juez podría remover a los empleados que no trabajan, a solicitud del Congreso si se determina que sus plazas son innecesarias.
Estas plazas representan un desembolso mensual de 887 mil 891.79 quetzales.
