El polémico contrato suscrito entre Droguería PISA y el IGSS, el cual envió a prisión a toda la Junta Directiva de la institución, no es el único caso inquietante que se esconde en los libros del Seguro Social. Ahora ha salido a luz otro negocio de 250 millones de quetzales que despierta sospechas y ha motivado una nueva denuncia penal contra los ya apresados directivos.
Se trata de un contrato suscrito con la empresa Intellego, S.C. Sucursal Guatemala, para realizar una “Solución Integral de Sistemas Informáticos, SAP”, el cual posee características similares a las que llevaron a PISA a tribunales: una Junta de Licitación inexperta, una compañía de reciente constitución, sobrevaloración de productos y servicios, y las mismas personas involucradas.
El cuestionado proyecto arrancó el 21 de mayo de 2014, según detalla el informe anual de la Contraloría General de Cuentas (CGC), cuando el departamento de Informática del Seguro Social pidió a la Subgerencia Administrativa la adquisición del servicio SAP, la cual aprobó que se hiciera la compra por excepción.
Álvaro Dubón, subgerente Administrativo del IGSS, quien guarda prisión señalado de fraude al aprobar el contrato con PISA, determinó que para dicho proyecto se necesitaban derogar 243 millones de quetzales. Según la auditoría de la Contraloría no existen documentos que respalden donde se obtuvo la estimación.
Junta de Licitación exprés
El 9 de junio, el concurso fue publicado en Guatecompras y se lanzaron las invitaciones a ofertar. Cuatro días después se conformó la Junta de Licitación, la cual fue integrada por Merlin Maribel Vásquez Solís, asistente Administrativo B de la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias, Evelyn Aracely Ponce Salay, asistente Administrtivo B del Departamento de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia y Orfa Noemí Godínez Sánchez, también asistente Administrativo B del Hospital General de Enfermedades.
Salta a la vista que ninguna de las integrantes de la Junta de Licitación tiene experiencia en sistemas informáticos. Además, según se destaca en el oficio de nombramiento, se les cita el 17 de junio de 2014 a las 8:30 horas para recibir una inducción sobre el tema, pese a que la recepción de ofertas se llevaría a cabo ese mismo día a las 10:00 horas.
A las 10:35 cerró la recepción de ofertas, siendo Intellego, S.C. la única empresa que se presentó. El 7 de julio, el Gerente del IGSS, Oscar García Muñoz remitió a la Junta Directiva lo resuelto por la Junta Licitadora. Un día después, esta aprueba el contrato por unanimidad y se adjudica el 9 de julio.
El contrato fue firmado por el Subgerente Administrativo, Álvaro Dubón, avalado por el Gerente del IGSS, Oscar García Muñoz, y aprobado por la Junta Directiva con tres errores: el nombre del representante legal de Intellego, el nombre de la empresa adjudicada y el valor del contrato, según detalla la Contraloría.
Para resolver estos errores, el Subgerente Administrativo suscribió un nuevo contrato ampliatorio. “Se resalta que existe duda razonable del porqué en un contrato de impacto por su valor y con los filtros que tuvo haya contenido errores tan elementales”, detalla el informe de auditoría.
Empresa recién nacida
Según el informe de la Contraloría, Intellego fue inscrita el 14 de abril de 2014 en el Registro Mercantil y fue modificada el 13 de junio de 2014 en el Registro Tributario Unificado, el mismo día que se conformó la Junta de Licitación.
La Contraloría tuvo sospechas por la suscripción de un contrato millonario con una empresa que recién inicia en el país y de la cual se desconocen sus operaciones. Por ello realizó una visita a sus oficinas donde destacó que no se encuentra debidamente identificada en la parte externa y tan solo cuenta con tres empleados.
El IGSS ha pagado 112 millones de quetzales, es decir el 60% del total del servicio contratado por 24 meses en los que durará la implementación de la solución integral SAP. Sin embargo, hasta marzo pasado no se había realizado ninguna instalación, pese a que ya habían transcurrido 8 meses desde la adjudicación.
La Contraloría cuestiona la adquisición de este software ya que se desconoce en cuántas computadoras se instalará y no se midió el costo beneficio que tendrá sobre el IGSS. Además, el proyecto no está enlazado con el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN).
El Contralor General, Carlos Mencos, informó que se presentó una denuncia penal en contra de la autoridad máxima del IGSS (Junta Directiva) por la aprobación de un contrato con un proveedor de dudosa procedencia.
Los miembros de la Junta Directiva fueron ligados a proceso y enviados a prisión preventiva por el delito de fraude, pues avalaron la contratación de PISA por 116 millones de quetzales, empresa que fue acusada de malas prácticas médicas que costaron la vida de, al menos, 17 personas.
