El titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (
CICIG), Iván Velásquez, presentó un informe técnico de
120 páginas denominado el
Financiamiento de la Política en Guatemala, en el cual hizo un repaso sobre los "partidos franquicia", su forma de obtener recursos del crimen organizado y mencionó algunos nombres de personas involucradas en "uno de los
sistemas más perversos del país".
Según la CICIG, existen Redes Político Económicas Ilícitas (RPEI), que logran extraer fondos de grupos empresariales, proveedores del Estado, donantes anónimos y principalmente, de estructuras criminales, tanto para el enriquecimiento ilícito propio, como para financiar campañas políticas a cambio de recibir beneficios.
La estructura funciona de esta forma según la CICIG. (Foto: Soy502)
Durante los períodos de campaña aparecen personas identificadas como "Recaudadores", que sirven para conseguir el dinero y luego inyectarlo a negocios personales y partidos políticos que posteriormente llegarán al poder. El trato consiste en obtener contratos estatales, privilegios de todo tipo, protección incluso para actividades ilícitas y todo tipo de beneficios para los padrinos políticos y sus lugares de origen.
Uno de los nombres que sobresalió en el informe fue el de Gustavo Alejos, quien en una entrevista concedida a la revista Contrapoder reconoció que apoyó con financiamiento al gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en 2007, y ahora a Sandra Torres; a Roberto Alejos, de TODOS; y a la GANA.
Según la página de
WikiGuate, Alejos Cámbara es un empresario y financista político guatemalteco. Fue secretario privado del presidente Álvaro Colom Caballeros y además es hermano del diputado
Roberto Alejos Cámbara.
Gustavo Alejos trabajó hasta el año 2014 en la empresa farmacéutica Agencias J.I., propiedad de Jack Irving Cohen y herederos.
Entre los recaudadores, el comisionado mencionó al fallecido Obdulio Solórzano, jefe del desaparecido Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz), durante el gobierno de la UNE. Gloria Torres, quien hoy trabaja para el partido Unión del Cambio Nacional (UCN), y hermana de la actual candidata presidencial de la UNE, Sandra Torres, también salió a relucir como una figura clave para obtener recursos con fines políticos.
Del gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), el documento habla del ex cafetalero Álvaro Llort Quiteño, quien se prestó para conseguir recursos para el partido y luego se enriqueció con el dinero que obtuvo a cambio.
En cuanto al financiamiento proveniente de empresas tradicionales, el informe de CICIG menciona, de forma somera, el apoyo que las empresas azucareras brindaron a los candidatos presidenciales Álvaro Arzú (candidato del PAN en 1990 y 1995) y Óscar Berger (candidato del mismo partido en 1999, y de la coalición PSNMR-PP, en 2003). También cita a un "consorcio transnacional, con base en Guatemala", que habría financiado la campaña de Berger en 2003 y la de Otto Pérez Molina, en 2007.
Los únicos empresarios tradicionales que se identifican de manera individual en el documento son Felipe Bosch Gutiérrez (del grupo Multi Inversiones, actual presidente de la Fundación para le Desarrollo de Guatemala, Fundesa) y Alfredo Vila (del sector de azucareros), quienes reconocieron su participación activa en el financiamiento de la coalición GANA, de cara a las elecciones de 2007, que lograron llevar a la Presidencia a Berger.
En la presentación del informe, el comisionado Velásquez indicó que "se sabe que los líderes políticos y candidatos presidenciales cercanos a los grupos empresariales solicitan financiamiento para sus campañas electorales. Los objetivos de la cooperación son proteger sus intereses, facilitar sus negocios existentes y, en algunos casos, abrir nuevos giros empresariales.
El grupo empresarial que controla la televisión VHF también aparece en el documento elaborado por la CICIG, como un financista "indirecto" de campañas. El Comisionado indicó que estos medios patrocinan a políticos por medio de propaganda disfrazada de noticias.
El informe menciona al menos tres redes de financiamiento encabezadas por políticos que han tejido redes regionales para perpetuarse en el poder. Entre ellos figuran el diputado de Chiquimula Baudilio Hichos, los legisladores de Huehuetenango Mirza Arreaga y Luis Chávez y el alcalde de Chinautla Arnoldo Medrano. Estos cuatro personajes se encuentra ahora con procesos de antejuicio solicitados por el Ministerio Público y la CICIG.
“En cada gobierno pueden identificarse recaudadores que posteriormente han tenido una fuerte influencia en el Ejecutivo (...), beneficios y protección”
Iván Velásquez
, titular de la CICIG