Un total de 17 órdenes de captura que incluyen a miembros de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) se han girado este miércoles por la asignación de un contrato anómalo de parte de la institución a una empresa de origen mexicano, para la prestación del servicio de diálisis peritoneal continua ambulatoria.
Las detenciones responden a la muerte de 17 personas, 90 infectados con peritonitis y a una serie de señalamientos que se registraron entre los pacientes renales que recibieron la atención por parte de la Droguería Pisa.
Todo empezó en septiembre de 2014, cuando dos empresas: Medicina Corporativa de Diálisis y Droguería Pisa de Guatemala, presentaron sus ofertas para la realización de 2 millones 582 mil 823 diálisis peritoneales durante dos años.
Sin embargo, la junta licitadora descartó a Medicina Corporativa de Diálisis “por no cumplir con los requisitos establecidos en las bases de licitación” y el 20 de diciembre de ese mismo año se procedió a adjudicar el contrato por un valor de 116 millones 227 mil quetzales a Pisa.
La contratación de Pisa para la atención de las 530 pacientes con insuficiencia renal que reciben el servicio en el Seguro Social, se llevó a cabo pese a que no contaba con un centro de diálisis y especialistas.
Ante la carencia de instalaciones físicas aptas para realizar el cambio de línea de los pacientes (modificación del catéter que se dirige al peritonéo), la empresa subcontrató a la cadena de hospitales privados Medax Hospital Las Américas, de nombre Medicina Corporativa, Sociedad Anónima, pero 20 días después de haber empezado, según relata el portal digital Nómada, la Procuraduría de Derechos Humanos recibió una denuncia por mala atención y baja calidad en sus medicamentos. En esa fecha también se corroboró que 6 de los pacientes habían sido internados por peritonitis (infección en la membrana que recubre el estómago).
Nómada relata que el 9 de septiembre del 2014, tres meses antes de ganar la licitación, José Domingo Fuentes Laylle, gerente general de Medax, firmó un contrato con Pisa para la utilización de un espacio en el Hospital las Américas. Así se instalaba y podía certificar en el IGSS de contar con todo lo necesario para suscribir el contrato.
Desde la primera denuncia, la PDH incluyó en sus inspecciones diarias al IGSS, la visita de los pacientes renales, lo que finalmente obligó al titular de la entidad, Jorge de León Duque, a emitir una resolución sobre el tema, el pasado 13 de mayo.
En el documento se condena el contrato entre el IGSS y Pisa, el cual es calificado como “violación al derecho humano a la vida y a la salud” de los pacientes renales.
Resolución PDH IGSS Asimismo se responsabilizó a al Junta Directiva del IGSS “por su manifiesta falta de interés desde que adjudicó el contrato atendiendo al precio y no a la capacidad, calidad, experiencia e infraestructura de la empresa en relación a los estándares internacionales”.
Ese mismo día, un grupo de pacientes renales y familiares de las 11 personas que han fallecido desde la contratación, presentaron una denuncia en contra del Seguro Social y de Pisa por los delitos de homicidio culposo, incumplimiento de deberes, fraude y abuso de autoridad.
Zulma Calderón, jefa de supervisión de hospitales de la PDH, calificó la atención a los pacientes renales como pésima y recomendó al MP “secuestrar los expedientes” de los pacientes fallecidos para evitar su eventual modificación.
En los resultados de la investigación efectuada por la Magistratura de Consciencia se detalla que el 4 de marzo, el jefe del Departamento de Servicios Contratados del IGSS, informó que las instalaciones del hospital Las Américas contaban con el equipo necesario para la atención de los afiliados y además respaldó las capacitaciones que Pisa ofreció a los pacientes sobre el uso de la nueva línea.
De acuerdo a Calderón, se constató que no era una capacitación como tal, si no una demostración de cómo hacer el proceso y, además, se evidenció que tras la plática el 80% de los asistentes no había comprendido cómo debía hacerse.
Además, la PDH señaló hallazgos como :
- Droguería Pisa inició a prestar los servicios contratados en el Hospital Las Américas, constatando que las estancias habilitadas para dicho fin, no contaban con las condiciones asépticas, ni la infraestructura adecuada.
- Al efectuar el cambio de proveedor, Pisa no contaba con la información detallada de la cantidad de suministro en soluciones que poseía cada afiliado.
- La empresa no tenía los expedientes clínicos de cada uno de los pacientes.
- Tras hacer el cambio de línea, 57 pacientes presentaron complicaciones relacionadas con peritonitis.
- El IGSS no realizó una supervisión a las áreas e instalaciones previo a que Pisa iniciara a brindar los servicios contratados.
- Se logró establecer la incapacidad del Seguro Social para programar y ejecutar el traslado de la información de los pacientes que recibían diálisis.
Finalmente, tras la controversia generada y en “aras de garantizar la vida y la salud de los pacientes renales”, la Junta Directiva del IGSS decidió dar marcha atrás al contrato con Pisa, el pasado 15 de mayo.
Aunque se haya decidido rescindir el contrato, la PDH y los familiares de los afiliados pidieron que se continúe con la investigación del negocio que hizo que 106 de las 530 personas que reciben el tratamiento experimentaran peritonitis y de estos, 17 fallecieran.
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