Otra jornada en la audiencia de primera declaración de los involucrados en una red de corrupción en el Sistema Penitenciario concluyó este miércoles con la petición de la fiscalía de ligar a proceso a los involucrados.
Previó a la solicitud, la fiscal y abogado querellante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) interrogaron a Byron Lima, quien utilizó varias técnicas para desviar las preguntas y no responder de manera clara y directa.
La fiscal le hizo cinco preguntas y éstas se basaron en las ganancias de Lima en la Cooperativa Torre Fuerte y acerca de los celulares utilizados por el reo.
Según Lima, las utilidades de Torre Fuerte no las conoce, porque esa información solo la maneja el contador o gerente, aunque si reveló que a través del Ministerio de Agricultura la Cooperativa obtuvo un préstamo.
En relación con las ganancias personales, dijo que en promedio obtuvo Q800 quetzales en el año 2012.
El cuestionamiento más tenso estuvo a cargo del abogado de Cicig quien al final desistió de seguir preguntando debido al comportamiento de Lima que se convirtió en desafiante, sin que el juez pudiera controlarlo.
El abogado de Cicig le preguntó ¿cómo explica usted que si no es el líder de la red de corrupción en Presidios, dos diputados lo visitaron para pedirle el traslado de un amigo?
Lima respondió que él solo facilitó los contactos con José Avila y Carlos Cermeño y reiteró que él sabe cómo se hacen los trámites por el tiempo que lleva recluido.
También se le interrogó sobre los celulares en su celda, describió que tuvo tres celulares, aunque al principio dijo cuatro y un módem.
Los teléfonos fueron autorizados por el ministro de Gobernación, aseguró.
El interrogatorio de la defensa se centró en evidenciar que los traslados eran cobrados por el jefe de análisis de Presidios, Jesús López alias “águila” o “Chuzito”, quien es familiar del ministro López Bonilla.
Que enfrenten proceso
La fiscal pidió al juez de Mayor Riesgo B, Miguel Gálvez que ligue a proceso a 10 de los 13 sindicados por ser integrantes de una estructura que se asoció para cobrar traslados a privados de libertad.
Estos son los delitos por cada sindicado:
Byron Lima Oliva: asociación ilícita, tráfico de influencias, lavado de dinero, uso de terminales móviles (celulares).
Edgar Camargo: asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho.
Edy Fisher: encubrimiento propio.
Cristian René Picón: lavado de dinero, asociación ilícita.
José René Avila: asociación ilícita, cohecho.
Martín Arévalo: asociación ilícita, lavado de dinero.
Los reos que pagaron supuestamente el traslado:
Juan Fernando de León Amezquita: cohecho activo
Los hermanos Silverio Otto y Edgar Chicas: cohecho activo
Andy Cristian Urbizú: cohecho activo
Los demás capturados, Carlos Cermeño deberá presentar un nuevo abogado defensor.
Alejandra Reyes y Fabio Campos serán llamados a declarar en una audiencia diferente.
