La Fiscalía de Delitos contra el Ambiente dio a conocer que inició la persecución penal en contra de la entidad Exploraciones Mineras de Guatemala S.A., que opera el proyecto denominado Progreso VII Derivada, entre San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, por el posible incumplimiento de una resolución judicial que ordenaba su suspensión .
Según un comunicado de prensa, la Fiscalía de Asuntos Constitucionales también planteó un recurso denominado “Asistencia para la Debida Ejecución” que busca que un Tribunal determine si se ha dado cumplimiento a la resolución del 22 de febrero de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordena suspender la licencia minera para la explotación de oro y plata en los municipios referidos.
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El objetivo de la acción planteada el 13 de mayo es establecer si las autoridades del Ministerio de Energía y Minas, de la minera y de cualquier otra entidad involucrada han cumplido con lo decretado.
Si la entidad Exploraciones Mineras de Guatemala ha proseguido con sus operaciones, el tribunal deberá “ordenar inmediatamente el encausamiento de los responsables” y así dar lugar a un proceso penal.
La CSJ ordenó suspender de forma provisional las operaciones mineras tras otorgar un amparo en el que se argumentaba que no se respetó el derecho de consulta de la población.
La decisión fue respaldada por la Corte de Constitucionalidad (CC), que, al rechazar las acciones planteadas por el Ministerio de Energía y Minas y la empresa que buscaban revocar la resolución referida, indicó que la licencia se suspendería hasta que se realice una consulta comunitaria, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales.
Desde el inicio del proyecto minero, pobladores de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc constituyeron el movimiento de resistencia denominado La Puya, que por meses permaneció en las afueras del proyecto Progreso VII Derivada.
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