Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) allanaron las instalaciones del proyecto Progreso VII Derivada, de Exploraciones Mineras de Guatemala (Exmingua), que opera entre San Pedro Ayampuc y San José del Golfo.
La titutlar de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, Aura Marina López, confirmó los operativos con el propósito de recopilar pruebas de la continuidad de las operaciones mineras en el proyecto cuya licencia fue suspendida de manera provisional por la Corte Suprema de Justicia.
En desarrollo allanamientos en minera EXMINGUA Planta Progreso VII (La Puya). pic.twitter.com/qdzeyEAasB
Por su parte el Viceministro de Gobernación, Ricardo Guzmán, quien esta mañana asistió a una citación de la bancada Todos por el mismo tema, dijo que se habían realizado 3 allanamientos en instalaciones de Exmingua con el apoyo de un equipo de cerca de 80 elementos policiales.
La Secretaria General del Ministerio Público, Mayra Véliz, no descartó que más adelante se busque capturar a los responsables del incumplimiento de la suspensión, quienes serían señalados en primera instancia, de explotación ilegal de recursos naturales, delito que cuenta con una sanción de entre 2 y 5 años de prisión.
Tres allanamientos se ejecutaron hoy donde se encontró indicios sobre las operaciones de extracción minera. pic.twitter.com/mZIjcGxgUz
Debido al incumplimiento de la resolución judicial, la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente también anunció el pasado 30 de mayo inició la persecución penal en contra de la entidad Exmingua.
Así también, el 13 de mayo, la Fiscalía referida planteó un recurso de “Asistencia para la Debida Ejecución”, que busca establecer si las autoridades del Ministerio de Energía y Minas, de Exmingua y de cualquier otra entidad involucrada han cumplido con lo decretado.
La CSJ ordenó suspender de forma provisional las operaciones mineras tras otorgar un amparo en el que se argumentaba que no se respetó el derecho de consulta de la población.
La decisión fue respaldada por la Corte de Constitucionalidad (CC), que, al rechazar las acciones planteadas por el Ministerio de Energía y Minas y la empresa que buscaban revocar la resolución referida, indicó que la licencia se suspendería hasta que se realice una consulta comunitaria, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales.
