Las dudas por el manejo de los fondos públicos durante la administración de Mauricio López Bonilla en el Ministerio de Gobernación comienzan a generar dudas. El titular del ramo, Francisco Rivas, afirma que están revisando 9 contratos de videovigilancia por sospechas de anomalías.
El mantenimiento de las 6 mil cámaras generaba un desembolso de 4.2 millones de quetzales al mes, pero fue rescindido durante la administración de Eunice Mendizábal. Ahora, el proveedor de este servicio solicita una indemnización, cuyo monto no se ha precisado.
Rivas señaló que se incumplieron algunas especificaciones técnicas en los contratos como “capacidad de almacenamiento, resolución de las cámaras y ubicación”, pero se continuó con el servicio, lo que podría generar complicaciones en el corto plazo.
El Ministro de Gobernación agregó que se adeudan otros contratos como el alquiler de las sedes policiales por hasta 6 meses, por lo que analizan solicitar una ampliación presupuestaria para poder cancelar los saldos negativos de la cartera.
*Con información de José Miguel Castañeda/Soy502
