Un cerro se derrumbó ayer, la noche del jueves 1 de octubre, sobre las familias que habitan la parte baja de la comunidad conocida como El Cambray, en Santa Catarina Pinula. Se calcula que al menos 125 viviendas fueron soterradas y los cuerpos de socorro siguen buscando a los desaparecidos, que por el momento se calculan alrededor del centenar de personas.
Hay muchas aristas trágicas para este desastre: la más acuciante quizá, que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Conred, había advertido hace tiempo que el peligro para esas familias era inminente.
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Pero lo más preocupante es que sabemos también que el caso del Cambray no es aislado. Cerca de medio millón de personas habitan los 497 asentamientos precarios que hay en todo el país. De ellas, 300 mil se ubican en el área metropolitana, en 232 asentamientos.
Según Conred, las áreas más peligrosas para deslizamientos se encuentran en Villanueva, en el área de la capital, y en el occidente del país en San Marcos la Laguna, en Sololá, y en el oriente, en La Unión, Zacapa.
Se cuentan por decenas de miles las familias que viven bajo la sombra de la muerte. Corren peligro por los deslaves que amenazan sobre todo en invierno. Cuando la tierra está mojada y floja, la montaña retumba. El sonido de la lluvia, que arrulla a quienes son suficientemente afortunados como para contar con un techo digno, es para estas personas una señal de alarma, el signo de que un alud puede terminar con su vida en cualquier momento.
Además del peligro de perecer arrastrados por una avalancha de tierra, está el riesgo de los terremotos. Recuerdo que el prestigioso arquitecto Alfonso Yurrita me explicó en una entrevista, hace varios años también, que hay muchas urbanizaciones que se han edificado en los últimos 30 años en áreas no aptas para la construcción del valle metropolitano.
¿Qué les diré? Yo vivo en el área de Santa Catarina Pinula, que es recorrida por una falla, precisamente donde el arquitecto Yurrita dice que no debería haber asentamientos humanos.
El día que tiemble de verdad, sabemos que muchas construcciones, sobre todo las más vulnerables, van a caer como naipes por las laderas del valle. Estamos esperando un desastre que un día traerá miles de muertos. La tragedia de El Cambray es un nuevo aviso sobe el destino que espera a decenas de miles de personas.
Los mapas de riesgo existen, los diagnósticos están hechos. Lo que hace falta es que se destinen recursos para evitar estas tragedias anunciadas.
En El Cambray, la Conred recomendó reubicar a las familias. Este trabajo hay que hacerlo, pero se deben proponer soluciones viables. De nada le sirve a estas comunidades que les propongan que las van a trasladar a áreas aisladas y sin servicios, como ha ocurrido ya en incontables ocasiones.
Eso ya se ha probado en otros lugares y la gente no se mueve porque trasladarse a donde les proponen a menudo representa para ellas más dificultades de sobrevivencia que vivir bajo los riesgos que ya conocen y enfrentan.
El desafío para el país está planteado entonces. Tenemos ante nuestros ojos, una nueva razón para repudiar la corrupción y exigir que los recursos de los contribuyentes se destinen a las tareas verdaderamente importantes que son eternamente postergadas porque hay quienes saquean el tesoro público en lugar de velar por el bien común.